Aunque la industria aseguradora, como experta en gestión de riesgos, reconoce la gravedad de las afectaciones por la Ola Invernal en los distintos departamentos de Colombia y comparte la necesidad de tomar medidas especiales para atender de manera inmediata a la población afectada, no está de acuerdo con la carga impositiva decretada por el Gobierno al amparo de la Emergencia Económica.

Las compañías de seguros están atendiendo las reclamaciones de sus asegurados en los ramos de propiedad, agrícola, vida y salud, entre otros, de manera ágil y oportuna. Este aseguramiento ha permitido reducir la carga fiscal producto de este tipo de emergencias.

No obstante, el sector asegurador expresa su rechazo al Decreto 0173 de 2026, mediante el cual se determina una tasa de impuesto al patrimonio para todas las personas jurídicas del 0,5% y, particularmente, para las empresas del sector financiero del 1,6%, desconociendo las singularidades de la industria aseguradora que, entre otras.

La fijación de un impuesto de esta naturaleza no solamente es antitécnica y regresiva, sino que desconoce los estándares internacionales en materia de tributación, además, se convierte en un desincentivo a la productividad, el empleo y la inversión en la economía del país. 

En particular, el sector asegurador ya contribuye con una sobretasa del 5 % del impuesto de renta, que sumado a una intención de llevarla hasta el 15 % en el marco de una emergencia anterior, hace que el impuesto al patrimonio diferenciado se convierta en una medida confiscatoria y en una carga excesiva para cualquier empresa. 

Medidas de este tipo han llevado a que la tasa efectiva de tributación de seguros generales sea hoy de casi 40 %, una de las más altas del mundo y por encima de los estándares de la OCDE.  

Crear tarifas diferenciadas para sectores económicos genera arbitrariedades, al tiempo que perjudica de manera injustificada a sectores de la economía que son productivos e intensivos en capital.

Esta carga adicional afecta de manera significativa a una industria que cumple una función social esencial y ha demostrado su capacidad de respuesta en momentos críticos. 

Las empresas aseguradoras pararon en 2025 reclamaciones a sus asegurados por 27,6 billones de pesos.

Es desacertado que el Gobierno imponga a sectores específicos, como el asegurador, una sucesión de sobrecargas tributarias que no se compadecen con su contribución social.