La demanda de energía eléctrica sigue en aumento año tras año y en paralelo, la transición energética es uno de los temas más importantes que debemos abordar hoy en día. Sin embargo, el diseño, implementación, desarrollo y puesta en marcha de proyectos de energía renovable en el país a menudo se ve obstaculizada por diversas acciones legales y/o vías de hecho, que se inician, en contra de los mismos y que generan incertidumbre y frustración para las empresa, las comunidades y el Gobierno.

Recientemente, en Colombia, la falta de claridad sobre cómo el Gobierno Nacional llevará a cabo la transición energética ha generado incertidumbre y gran preocupación en el sector. La suspensión del proyecto eólico Windpeshi en La Guajira, por parte de la empresa Enel Colombia podría entenderse en cierta medida, como falta de interés y acompañamiento por parte del gobierno, para el desarrollo de proyectos de este calibre y para la generación de energía renovable. Este parque eólico proyecta una meta en la generación de más de 1011 gigawatt-hora por año, lo suficiente para llegar a 500 mil hogares aproximadamente

Uno de los principales obstáculos con los que se encontró Enel, para el desarrollo del proyecto en la Guajira, fueron las vías de hecho adelantadas por las comunidades, solo por mencionar uno de las tantas vicisitudes a las que se enfrentaron. Evidenciando así, que urge que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto y se genere una normativa ágil, expedita y eficiente para tratar las consultas previas.

El gobierno debe jugar un papel fundamental en lograr, que los proyectos de transición energética, como cualquier otro proyecto de desarrollo, lleguen a un adecuado manejo y acuerdo con la comunidad. En este sentido, el acompañamiento puntual del Ministerio del Interior y del Gobierno Nacional debe ser prioritario para lograr el mayor beneficio para los municipios, los departamento, el desarrollo del país y la confianza inversionista, garantizando en este caso en particular la seguridad energética.

Hay que reconocer que las consultas previas son necesarias y enmarcan un derecho fundamental de los grupos étnicos que les permiten participar sobre qué medidas, proyectos, obras o actividades se realizarán en sus territorios, pero, al mismo tiempo, se debe trabajar en conjunto para encontrar soluciones para avanzar en implementar proyectos de transición
 
energética, exploración y explotación que garanticen tanto la seguridad energética del país y su economía.

Ahora más que nunca se debe tener claro en cómo avanzar en la transición energética. No hay duda que el país, el gobierno y el sector de energía eléctrica está ad portas de un gran reto señalado por el fenómeno climático de El Niño especialmente en lo que respecta a su impacto en el costo que pagarán los 16 millones de usuarios de energía eléctrica, incluyendo hogares, pequeñas industrias y pequeños comercios.

La posibilidad que los embalses no estén a su máximo nivel, la necesidad de encender las termodinámicas y no contar con proyectos eólicos, pueden hacer que los precios de los servicios de energía se vean forzados al alza, lo que puede tener un impacto directo en la inflación y en los precios de los productos básicos de la canasta familiar.

Por lo tanto, el gobierno debe concentrarse en prever y tamizar el impacto del fenómeno del Niño y en la generación de energía eléctrica para así garantizar la seguridad energética y minimizar el impacto económico en los ciudadanos y empresas que dependen de estos servicios. Es necesario buscar alternativas reales que permitan que no se repita una y otra vez la misma historia y que no se presenten más episodios de fracaso y frustración como el del proyecto eólico Windpeshi. Ahora es el momento que, como Senadores, busquemos crear y aterrizar diversas alternativas, de manera conjunta con el Gobierno Nacional y el sector privado, en pro la seguridad energética del país.