Las crisis fiscales no aparecen por generación espontánea. Son el resultado de decisiones políticas, presupuestos mal hechos y gastos desbordados, de esa vieja costumbre de tratar los recursos públicos como una chequera sin fondo como pasó con el gobierno pasado. 

Nuestro país enfrenta una realidad fiscal que no admite eufemismos. El Gobierno radicó en la Cámara el proyecto de Ley de Rescate Económico, con el que promete un recorte del gasto cercano a $45 billones, el 2,2 % del PIB. Nadie sensato niega la necesidad de corregir el rumbo. Lo que merece discusión es si el discurso coincide con las cuentas y las promesas de campaña.

El Gobierno Nacional asegura que el Estado se aprieta el cinturón y pone el 70 % del esfuerzo. No obstante, derogar destinaciones específicas de renta para el ICBF, el SENA o la salud, vender activos o devolver excedentes de fondos no es lo mismo que reducir burocracia. Son medidas legítimas, pero llamarlas austeridad tiene algo de creatividad.

Los aportes a salud de quien gana más de dos salarios mínimos subirían desde 2027, y desde 2028 desaparecería el IVA del 5 %, con lo que el azúcar, el café o los aceites pasarían al 19 %. Hay devolución del IVA para cerca de 19 millones de personas, y es justo reconocerlo. Pero la renta de las empresas baja de 35 % a 33 % en 2027 y a 31 % en 2028. Es como sacar la plata de un bolsillo para pasarla al otro. 

Es cierto que el proyecto fija metas: reducir a la mitad los contratos de prestación de servicios en 2027 y el gasto de personal en 20 % en 2028, el año en que ya habrán llegado los nuevos impuestos. También pide facultades por seis meses para suprimir y fusionar entidades. Sin embargo no dice ¿Qué entidades? ¿Qué resultados dan hoy esos contratos? ¿Qué programas y fondos justifican lo que reciben? La austeridad se mide con nombres y cifras.

No se trata de defender privilegios ni de negar que Colombia necesita recursos. Se trata de que la responsabilidad fiscal comience por la eficiencia del gasto y no sea, otra vez, la oportunidad de trasladarle a los ciudadanos las dificultades económicas del Estado.
Es cierto que el Gobierno dice haber heredado una "bomba de tiempo". Pero heredar un problema no exime de gestionarlo con transparencia, y el país tiene derecho a saber quién responde por las decisiones que nos trajeron hasta aquí.

El rescate es necesario. Lo que no puede volverse costumbre es rescatar al Estado con el bolsillo de los ciudadanos mientras quienes administran nuestros recursos tienen fondos sin límites. 

Porque la austeridad es una obligación de quien gobierna, no un sacrificio que se le exige solo a quienes pagamos impuestos.