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De vuelta al campo

Nunca mucho será suficiente, la deuda social y económica con nuestro campo colombiano es bastante y difícil de saldar.
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25 Oct 2020 - 7:18 COT por Ecos del Combeima

La concentración de la tierra es inversamente proporcional a la producción agrícola del país, en Colombia está probado que los mayores tenedores de tierra, son los menores productores agrícolas y en las zonas donde existe mayor minifundio la producción agrícola es alta. Esta pandemia regresó la mirada al campo, por la necesidad de producción alimentaria, pero además por que fueron los menos afectados por contagio, da alegría ver que, a la ruralidad colombiana regresen los ciudadanos, solo falta que el estado también asimile estas dinámicas para que los recursos lleguen a los campesinos, a los pequeños productores agrícolas, a la ruralidad para la competitividad. 

Bien dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo bajo el sol, en mi columna pasada escribí que era el tiempo de Ibagué, hoy debo decir que es el tiempo de la ruralidad y del campo colombiano, de la reforma agrícola, que se ocupe mucho más de los intereses de los pequeños productores, para hacer la gran revolución de la producción, de la generación de recursos para los más pobres, es decir aplicar equidad en la distribución de la tierra y en la distribución de los recursos, lo que sin duda en sana lógica de esa equidad, reduce la proporcionalidad de los recursos en mayor suma a los pequeños productores.

Tenemos grandes demostraciones en el Tolima de apoyo a pequeños productores que aprovechando se formaron, crecieron, se asociaron y conquistaron mercados nacionales e internacionales, hoy ejemplo para el país. Nunca mucho será suficiente, la deuda social y económica con nuestro campo colombiano es bastante y difícil de saldar, los frentes de competitividad en materia de infraestructura vial, infraestructura tecnológica, trasferencia de conocimiento, apoyo técnico y logístico, deben contener enormes priorizaciones e inversiones que permitan a la ruralidad colombiana el desagravio, para convertirse en gran parte en la solución salvadora de nuestra economía. 

Los gobiernos, la academia, la clase política colombiana, la sociedad en general, deben ver el campo como el revulsivo de nuestra economía, como la mayor ventaja comparativa frente a muchos países del mundo, para que avancemos en las realidades concretas, dejando de tajo el discurso limosnero y retorico, con el cual tanto se ha engañado al que debe llamarse con orgullo “empresario agrícola del campo”.

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El sector agropecuario colombiano enfrenta este año un entorno complejo, marcado por una combinación de oportunidades y presiones que no se pueden ignorar si pensamos en el futuro productivo de regiones como el Tolima.

¿Ibagué está dispuesta a recuperar el control institucional o si seguirá permitiendo que la fragmentación y la improvisación definan su destino?

El reciente ascenso del Tolima en los índices de competitividad no es un accidente estadístico, refleja toda una articulación institucional, un liderazgo sectorial y un sector privado dinámico que comienza a recoger frutos.

El fenómeno tiene efectos específicos. En primera medida, un chisme erosiona la confianza institucional y la personal. Cualquier decisión pública, como por ejemplo la puesta en marcha de una obra, la ejecución de un contrato o una medida de seguridad puede quedar atrapada en una tormenta digital antes de ser explicada.

Por eso, elegir bien no es un asunto menor. Es decidir quién tendrá la responsabilidad de defender al Tolima con argumentos, con liderazgo y con visión de desarrollo, en el escenario donde se toman las decisiones más importantes del país.

La decisión más importante en marzo, mayo y junio de 2026 es elegir pensando en nuestra institucionalidad y democracia, que ha sido la más antigua y solida de Latinoamérica y respetar, así no nos gusten, esos pesos y contrapesos, y mejorar esta institucionalidad para que nunca más alguien abuse de ella o termine proponiendo constituyentes amañadas, para gobernar a su antojo. 

Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.

Hoy la situación no solo no mejora, sino que se agrava, y la comercialización del arroz se vuelve cada vez más pesada y más injusta para el agricultor tolimense.

¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?

Hemos sido engañados, por altos estamentos nacionales quienes desconocen y pretenden minimizar las grandes falencias de este “antisistema de salud” fundamentado sobre la intermediación financiera.