La contaminación auditiva causada por motocicletas con escapes alterados comenzó a ser combatida con mayor contundencia en Colombia. Desde la entrada en vigencia de la Ley 2450 del 4 de marzo de 2025, conocida popularmente como la Ley Antirruido, las autoridades de tránsito intensificaron los controles contra conductores que excedan los niveles permitidos de sonido en sus vehículos.

La nueva normativa busca disminuir el impacto del ruido en zonas urbanas, especialmente durante las noches y madrugadas, cuando miles de ciudadanos ven afectada su tranquilidad por motocicletas con mofles modificados o resonadores no autorizados. Según las autoridades, este comportamiento se convirtió en una de las principales quejas en distintas ciudades del país.

La ley se encuentra respaldada además por las infracciones C28 y D17 del Código Nacional de Tránsito, lo que permite aplicar sanciones inmediatas a quienes incumplan las disposiciones. Los operativos ya comenzaron en diferentes regiones, donde agentes de tránsito realizan mediciones de ruido para detectar motocicletas que superen el límite establecido.

En municipios como Venadillo, las autoridades locales también reforzaron los controles en coordinación con la Policía Nacional. La Administración Municipal informó que viene desarrollando operativos enfocados en la convivencia y la tranquilidad ciudadana, aplicando medidas relacionadas con el control del ruido en motocicletas y la conducción de menores de edad. Además de las sanciones, algunos infractores han tenido que realizar servicio comunitario como medida pedagógica y asumir compromisos para no reincidir en conductas que alteren la seguridad y la paz de la comunidad.

De acuerdo con la reglamentación, el máximo permitido para motocicletas es de 86 decibeles. Si el vehículo sobrepasa esa cifra, el conductor podrá enfrentar severas consecuencias económicas y administrativas. Las autoridades fueron enfáticas en señalar que no habrá flexibilidad frente a quienes alteren deliberadamente los sistemas de escape para generar mayor ruido.

Entre las sanciones contempladas se encuentra una multa que puede superar el millón de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y del nivel de emisiones contaminantes detectadas. Además, los motociclistas sorprendidos incumpliendo la norma también podrían sufrir la inmovilización inmediata de la moto y su traslado a los patios oficiales.