La práctica de la minería ilegal en el sur del Tolima continúa generando un fuerte impacto ambiental. Según información entregada por la Gobernación, al menos 14 hectáreas de bosque han sido afectadas por el uso de retroexcavadoras en zonas cercanas a los ríos Atá, Saldaña y Amoyá, una situación que pone en riesgo los ecosistemas y las fuentes hídricas de la región.

La gobernadora Adriana Matiz señaló que la magnitud del daño no se limita a la pérdida de cobertura vegetal. La remoción de suelos y la alteración de los cauces fluviales generan consecuencias a largo plazo sobre la biodiversidad, la calidad del agua y las actividades productivas de las comunidades ribereñas.

Las autoridades departamentales han identificado que detrás de esta actividad operan estructuras criminales que controlan el ingreso de maquinaria pesada y de personas provenientes de otros departamentos. Este fenómeno ha provocado un aumento acelerado de población flotante en municipios como Ataco, Planadas y Chaparral, lo que ha derivado en presiones adicionales sobre el territorio y en problemas asociados a la seguridad y la convivencia.

Aunque en días recientes se ha evidenciado la salida de algunas retroexcavadoras tras anuncios del Gobierno Nacional, la Gobernación advirtió que la amenaza persiste y que aún permanecen grupos dedicados a la explotación ilegal de minerales en varios puntos estratégicos de los ríos. Para las autoridades, el daño ambiental ya causado es significativo y su recuperación demandará años de intervención y restauración.

Además del impacto ecológico, el fenómeno ha traído consigo problemáticas sociales como consumo de sustancias psicoactivas, prostitución y presencia de menores en zonas de explotación, lo que agrava la situación humanitaria en estas áreas rurales.

Frente a este panorama, se están articulando acciones con el Ministerio de Ambiente y la autoridad ambiental regional para proteger a los mineros artesanales y ancestrales, quienes históricamente han desarrollado esta actividad de manera tradicional y hoy se ven desplazados o amenazados por las redes ilegales.

La Gobernación insistió en que la minería ilegal no solo destruye el bosque, sino que fortalece economías criminales y deja secuelas difíciles de revertir. Por ello, reiteró la urgencia de mantener los operativos de control y avanzar en estrategias de recuperación ambiental que permitan frenar la pérdida de territorio y preservar los ríos del sur del Tolima.