La historia desconocida de la 'papa caliente' que Guillermo Ignacio Alvira le heredó al actual alcalde de San Luis
Un proyecto habitacional que prometía beneficiar a 24 familias de escasos recursos en el municipio de San Luis, Tolima, se convirtió en el origen de un conflicto que hoy tiene bajo la lupa de la Procuraduría al exalcalde Guillermo Ignacio Alvira y al actual mandatario Ricardo Andrés Acosta.
Según el abogado Jairo Bernal, representante de los ciudadanos afectados, el proyecto 'Torres de San Carlos' fue estructurado en 2019 y aprobado durante la administración del entonces alcalde Carlos Fernando Bonilla.
Sin embargo, al iniciar su mandato, Guillermo Alvira habría desconocido el plan, alegando supuestas irregularidades y negándose a ejecutarlo.
A pesar de que las demandas que interpuso contra el proyecto no prosperaron, Alvira persistió en no cumplir, alegó el abogado en entrevista con Ecos del Combeima.
Esto llevó a que los beneficiarios acudieran a la justicia a través de una tutela, que en segunda instancia les dio la razón. Aun así, el entonces mandatario no acató el fallo. Fue sancionado con arresto y una multa económica, pero continuó dilatando la ejecución.
"El señor (Alvira) se negó desde un principio a cumplir con el fallo. Instauramos una acción de desacato y él fue sancionado con cinco días por parte del juzgado, junto a una sanción económica de cinco salarios mínimos. Aún así, no cumplió, por lo que instauramos un segundo desacato y el señor siguió insistiendo en lo mismo", indicó.
La situación llegó al punto de que los afectados solicitaron que se compulsaran copias a los entes de control, lo que derivó en la apertura del actual proceso disciplinario.
Bernal aseguró que se sospecha que el dinero para la obra —más de $1.700 millones provenientes de regalías— fue desviado para otros fines.
Según ha trascendido, los recursos habrían sido utilizados en la remodelación del parque principal del municipio.
El nuevo alcalde, Ricardo Acosta, tampoco ha logrado avanzar en la construcción de las viviendas, pese a haber sido notificado.
Aunque afirma estar cumpliendo con las órdenes judiciales, para los beneficiarios todo sigue en el papel.
El abogado insistió en que las viviendas estaban destinadas a familias humildes, sin capacidad de adquirir un techo propio, y que los recursos fueron aprobados por el Sistema General de Regalías bajo revisión de entidades del orden nacional y departamental.
“El problema es que no se trató de una promesa de campaña, sino de un proyecto estructurado, aprobado y financiado con recursos públicos que, hasta ahora, no se ha ejecutado”, concluyó Bernal.
Mientras las viviendas siguen sin construirse, crece la indignación entre las familias afectadas, que ven cómo una obra que pudo cambiar sus vidas se convirtió en una batalla que aún no tiene solución.
