La alcaldesa de Natagaima, Astrid Pava Yara, respondió al pliego de cargos formulado por la Procuraduría General de la Nación, que la investiga por presunta omisión durante la crisis sanitaria y ambiental derivada del bloqueo al Relleno Sanitario Regional Pacandé, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025.

Durante ese tiempo, comunidades indígenas y miembros del comité “Natagaima No Quiere Basuras de Otros Municipios” impidieron el ingreso de residuos al relleno, lo que provocó la acumulación de basura en espacios públicos y fuentes hídricas como el río Magdalena.

La Procuraduría le reprocha a la mandataria no haber utilizado mecanismos legales ni el acompañamiento de la Fuerza Pública para restablecer el servicio.

Sin embargo, la alcaldesa sostuvo que actuó conforme a la norma y priorizó el diálogo con las comunidades, como lo exigen los actuales lineamientos sobre el uso de la fuerza.

“Yo he obrado y tengo todas mis pruebas, mis actos, mis oficios, en las que atendí muy diligentemente y de acuerdo a la norma”, afirmó.

Recordó que anteriormente se podía acudir a la UNDEMO, pero que la ley vigente ordena agotar primero los mecanismos de concertación.

“Llevamos procesos de paz y eso es lo que agoté frente a los hechos”, agregó.

Pava reconoció que parte de las reclamaciones de la comunidad estaban justificadas, como la falta de consulta previa y la ausencia de información sobre un contrato que buscaba extender la operación del relleno por 30 años.

Consultada por Ecos del Combeima sobre si el órgano de control le estaría cuestionando no haber enviado fuerza pública a reprimir las protestas, respondió: “Pues parece que fuera eso, parece que fuera eso”.

La Procuraduría calificó su presunta conducta como una falta gravísima, cometida con culpa gravísima, y también ordenó investigar a la empresa prestadora del servicio y al comité ciudadano por su posible responsabilidad en la afectación del servicio público esencial.

Pava confía en poder demostrar su inocencia y que su actuación se basó en el respeto por los derechos de las comunidades y el cumplimiento del marco legal.