En tono enérgico la directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, Carmen Sofía Bonilla, rechazó la liquidación de las 33 CAR, iniciativa que está incorporada en un decreto ley emitido al amparo de la emergencia económica, social y ecológica por el presidente Juan Manuel Santos y que este jueves presentó ante el Consejo de Ministros, y que tendría aplicación inmediata de ser aprobada.

"Es una decisión absolutamente injusta e inconstitucional. Las CAR nos hemos dedicado a proteger las fuentes hídricas y a defender el medio ambiente con las herramientas legales que están definidas en la ley 99 y la Constitución Política. Con un presupuesto de 12 mil millones de pesos hacemos presencia en los 47 municipios del Tolima y a través del presupuesto participativo hemos promovido proyectos de impacto regional. Esta liquidación va en contravía de la autonomía administrativa de los departamentos. Esperamos que la liquidación de las CAR no pase en el control de constitucionalidad", indicó la funcionaria.

La directora de Cortolima dijo que antes que acabar con la estructura de las CAR se debería fortalecer su presencia y su presupuesto para continuar con el desarrollo de la agenda ambiental.

A su turno, el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo señaló que el Gobierno nacional le está pasando una cuenta de cobro a las CAR por su valerosa oposición a proyectos de megaminería como los que se promueven en Santander, Caldas y Tolima, entre otros departamentos.

"Aquí lo que se quiere es abrirle paso a la locomotora de la minería que impulsa el Santos con los proyectos que han tienen un gran impacto ambiental y al que se han opuesto de los directores de las CAR, como el caso de La Colosa", explicó.

De igual forma el congresista dijo que no se puede responsabilizar a las CAR de la tragedia ambiental que golpe al país.

"Por ejemplo, la ruptura del Canal del Dique en la costa se presentó porque el Invías no intervino de manera oportuna. Así que echarle el agua sucia a las CAR es absolutamente injusto", dijo.

De igual forma, el representante a la Cámara Alfredo Bocanegra Varón indicó que no comparte la liquidación de las CAR y calificó la determinación como un golpe a la autonomía de las regiones.

En el caso de Cortolima, unos 500 funcionarios entre contratistas y personal de planta quedan en el aire tras la liquidación que ordena el presidente Juan Manuel Santos.

Por ahora, se conoce que la liquidación de las CAR deberá realizarse antes del 31 de diciembre de 2011 y que el costo de la contratación de los gerentes liquidadores será asumidos con cargo al presupuesto general de la nación.