Las manifestaciones registradas en Ibagué siguen generando reacciones entre los concejales, esta vez por dos asuntos que marcaron la jornada: la presencia de personas con machetes y la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), anteriormente conocida como ESMAD.

Por un lado, el concejal Giovanny Martínez rechazó que se utilicen estas herramientas para intimidar, agredir o cometer delitos durante una protesta. Para explicar su postura, llevó un machete al recinto del Concejo y diferenció su uso en las labores agrícolas de su presencia en escenarios de movilización ciudadana.

“Esto es normal, cargarlo en una cubierta en el campo, cargarlo en la zona rural para trabajar y ganarse uno el sustento de nuestras familias”, manifestó el cabildante, quien señaló que utiliza esta herramienta para trabajar cultivos de plátano, yuca, café y caña.

Sin embargo, cuestionó que se lleven machetes a las manifestaciones con la intención de agredir a otras personas. “Cargar un machete en una manifestación, cargar un machete para delinquir, cargar un machete para agredir, para robar, para matar. No”, afirmó.

Zambrano cuestiona la intervención de la fuerza pública

Una postura distinta frente al manejo de las manifestaciones expresó el concejal Andrés Zambrano, de la Alianza Verde, quien cuestionó la actuación del UNDMO y la aplicación del decreto que regula la intervención de las autoridades durante las protestas.

En entrevista con Caracol Radio, Zambrano relató que se encontraba acompañando la movilización y que, mientras algunos asistentes participaban en expresiones artísticas, observó la llegada de los uniformados y el uso de gases lacrimógenos.

El concejal sostuvo que le preocupa que la nueva normativa reduzca las posibilidades de diálogo antes de una intervención policial. También cuestionó que, según su interpretación, todavía no estarían suficientemente claras las herramientas reglamentarias para aplicar el decreto en el ámbito local.

Zambrano incluso planteó dudas sobre su constitucionalidad, al considerar que regula aspectos relacionados con el derecho fundamental a la protesta, consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política.

La Alcaldía defendió la decisión

Frente a los cuestionamientos, el secretario de Gobierno de Ibagué, John Jairo Rojas, explicó que la intervención fue analizada en el Puesto de Mando Unificado (PMU), en el que, según indicó, participaron organismos como la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Procuraduría, el Ejército y la Policía, además de representantes de la Administración municipal.

El funcionario sostuvo que la decisión respondió a situaciones que, de acuerdo con lo observado por las autoridades, incluían agresiones contra bienes públicos y personas que portaban armas blancas y tenían el rostro cubierto.

Rojas aseguró que se respetó a quienes se manifestaban pacíficamente y afirmó que, después de la intervención, se permitió que continuaran las actividades de los grupos que no estaban involucrados en los hechos señalados.

Las declaraciones dejan planteadas dos discusiones sobre lo ocurrido en Ibagué: por una parte, el rechazo al uso de armas blancas para agredir durante una protesta y, por otra, las dudas sobre los criterios y garantías que deben orientar la intervención de las autoridades para proteger tanto la seguridad como el derecho a la manifestación pacífica.