Juan Espinal respalda intervención de la Fuerza Pública cuando las protestas deriven en hechos violentos
El senador Juan Fernando Espinal respaldó el proyecto de decreto que prepara el Gobierno Nacional para actualizar las reglas de actuación frente a las manifestaciones públicas y fue enfático en señalar que la Fuerza Pública debe intervenir cuando una protesta deje de desarrollarse de manera pacífica y se presenten hechos que representen un riesgo para la ciudadanía.
“Sí estoy de acuerdo con que la Fuerza Pública intervenga”, afirmó Espinal al referirse a los casos en los que durante una manifestación se utilicen armas, explosivos o elementos que puedan poner en peligro la integridad de las personas.
El congresista sostuvo que el derecho a la protesta debe ser respetado, pero consideró que su ejercicio debe desarrollarse dentro del marco constitucional y legal, sin afectar derechos como la vida, la salud, el trabajo, la movilidad o la educación de quienes no participan en las manifestaciones.
Según explicó, cuando existen situaciones que representan un peligro concreto para la población, la actuación de las autoridades no debería quedar condicionada a que previamente finalicen todas las etapas de diálogo o mediación. En ese sentido, defendió que la Policía y las demás autoridades competentes puedan reaccionar frente a hechos que constituyan una amenaza inmediata.
Las declaraciones se conocen mientras el Ministerio del Interior mantiene en consulta pública el proyecto de decreto que busca modificar y adicionar disposiciones del Decreto 003 de 2021, relacionado con las acciones preventivas, concomitantes y posteriores frente a las manifestaciones públicas. El documento se encuentra abierto a comentarios de la ciudadanía hasta el 4 de octubre de 2026.
Espinal también se refirió a las situaciones que se han presentado en algunas universidades públicas y manifestó que, a su juicio, la autonomía universitaria no puede convertirse en un impedimento para que las autoridades actúen cuando dentro o alrededor de estos espacios se presenten hechos relacionados con armas, explosivos u otras conductas que puedan constituir delitos.
El senador insistió en que debe existir coordinación entre el Gobierno Nacional, las autoridades territoriales, la Policía y las instituciones educativas para garantizar tanto el derecho a la protesta como la seguridad de estudiantes, trabajadores y ciudadanos.
El proyecto todavía no constituye una norma definitiva y hace parte de un proceso de discusión pública en el que pueden presentarse observaciones antes de que el Gobierno determine su contenido final
