La movilidad, la seguridad y el espacio público fueron los tres principales frentes sobre los que el diputado Felipe Ferro puso la lupa al evaluar la situación actual de Ibagué. Aunque reconoció que la Administración de Johana Aranda ha ejecutado obras de infraestructura, sostuvo que todavía existen problemas cotidianos que requieren decisiones más contundentes.

Uno de sus primeros cuestionamientos estuvo dirigido al transporte público y la movilidad. Ferro consideró que la discusión sobre el tranvía no debería desplazar la atención sobre los problemas que todavía tiene el Sistema Estratégico de Transporte Público.

Para el diputado, antes de pensar en nuevos proyectos de gran escala, la ciudad debería resolver lo que está pendiente en el sistema actual, al que también relacionó con el bus eléctrico presentado por la Administración y con las dificultades de circulación que persisten en diferentes corredores.

“El tranvía va a terminar siendo una cortina de humo en el fracaso que han tenido con el sistema estratégico del transporte”, afirmó.

A esta situación sumó problemas que los ciudadanos enfrentan diariamente, como el estacionamiento de vehículos en vías principales y la falta de orden en sectores de las avenidas Guabinal y Ambalá. Su crítica apunta a que la movilidad no depende únicamente de construir nuevas vías, sino también de hacer cumplir las normas existentes.

Ese mismo argumento lo trasladó al espacio público, particularmente en el centro de la ciudad. Ferro aseguró que la presencia de vendedores informales y vehículos en zonas de circulación está reduciendo los espacios disponibles para los peatones.

En este punto, el diputado vinculó directamente la responsabilidad con la Administración Municipal y, en particular, con la capacidad de decisión del Ejecutivo.

“Si no hay una directriz puntual desde el Ejecutivo y obviamente en cabeza de la alcaldesa”, señaló.

El segundo gran problema que planteó fue la seguridad. Ferro sostuvo que Ibagué atraviesa un escenario de mayor preocupación ciudadana y relacionó esta situación con factores como la ocupación del espacio público, el crecimiento de algunos asentamientos y la falta de decisiones que, según él, pueden tener un costo político para la Administración.

“Yo creo que Ibagué viene con un incremento de inseguridad”, aseguró.

La discusión adquiere otra dimensión al relacionarla con la reciente reforma de la estructura administrativa del municipio. Ferro cuestionó que se planteen modificaciones en las dependencias de la Alcaldía sin que, según su apreciación, exista suficiente claridad sobre los estudios técnicos, las funciones y los resultados que se esperan de cada cambio.

Su preocupación está especialmente relacionada con la creación o modificación de secretarías y con la posibilidad de que una reorganización administrativa termine aumentando la estructura burocrática sin resolver los problemas que dieron origen a la discusión.

En materia de seguridad, además, Ferro consideró que Ibagué sí necesita una dependencia con responsabilidades claras en esta materia, una pero insistió en que cualquier decisión debería partir de un estudio que determine qué estructura necesita realmente la ciudad.

El diputado también llevó la discusión hacia las grandes obras de movilidad que han quedado pendientes o no se han materializado como fueron anunciadas. Mencionó el viaducto de Mirolindo, el puente de la calle 60 y una intervención proyectada en Ambalá como ejemplos de proyectos que, desde su perspectiva, terminaron sin convertirse en las soluciones que se esperaban.

La crítica, sin embargo, no fue que la ciudad no esté ejecutando ninguna obra. Ferro reconoció que actualmente hay intervenciones de infraestructura que considera importantes. Su cuestionamiento es que esas obras no necesariamente responden a todos los problemas que hoy enfrenta Ibagué.

Ese punto resume buena parte de su lectura sobre la Administración Aranda: hay inversión y proyectos en marcha, pero todavía existen asuntos estructurales que siguen sin una respuesta definitiva.

La situación de la movilidad también ha sido objeto de debate público durante la Administración Aranda. Incluso análisis recientes han señalado problemas estructurales en la Secretaría de Movilidad, entre ellos limitaciones de personal y capacidad operativa. Al mismo tiempo, la Alcaldía ha adelantado operativos de recuperación del espacio público y seguridad en diferentes sectores de la ciudad.

Con el gobierno de Aranda entrando en su etapa final, el debate ya no está solamente en qué nuevas obras pueden anunciarse, sino en qué problemas de movilidad, seguridad y espacio público quedarán realmente solucionados antes de terminar el mandato.