Negro informe sobre la crisis fiscal de Cajamarca deja mal parado al exalcalde Julio Roberto Vargas
Las decisiones administrativas y jurídicas adoptadas durante el gobierno del exalcalde Julio Roberto Vargas quedaron bajo la lupa tras el informe que la Alcaldía de Cajamarca presentó a la Asamblea Departamental del Tolima.
En el informe, presentado por el actual mandatario Camilo Valencia, se explican las causas de la crisis fiscal que obligó al municipio a acogerse a la Ley 550 de 1999.
El documento reconstruye el origen del litigio derivado del cobro del impuesto de Industria y Comercio a la Unión Temporal Segundo Centenario y la posterior vinculación de Invías como deudor, actuaciones que terminaron con decisiones judiciales desfavorables para el municipio y una obligación que hoy supera los $23.939 millones.
Uno de los aspectos más delicados expuestos en el informe corresponde al manejo de la apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima que ordenó devolver a Invías más de $13.118 millones embargados dentro de los procesos de cobro coactivo.
Aunque el Comité de Conciliación había considerado viable explorar una conciliación o una transacción para disminuir el impacto fiscal del fallo, el entonces alcalde otorgó poder a la firma Organización Sinergia S.A.S. para desistir del recurso de apelación.
Según el informe, el apoderado presentó el desistimiento ante el Consejo de Estado manifestando "contar con aprobación del Comité de Conciliación".
Con la aceptación del desistimiento en enero de 2023, la sentencia quedó ejecutoriada y se mantuvo la obligación de devolver los recursos a Invías.
Meses después, la entidad inició un proceso coactivo contra el municipio por $23.939.066.066.
El informe también sostiene que el proceso no fue reportado durante el empalme de gobierno.
La Administración asegura que el alcalde saliente no informó sobre la existencia del litigio en el acta de entrega y que la empresa Sinergia tampoco entregó los soportes de los procesos de cobro coactivo cuando fueron solicitados. La actual administración afirma que conoció el alcance del proceso únicamente después de recibir una solicitud de inscripción de medida cautelar en julio de 2024.
Como consecuencia de las actuaciones identificadas, el municipio presentó quejas disciplinarias contra el entonces alcalde Julio Roberto Vargas, el secretario técnico del Comité de Conciliación y la apoderada que intervino en el proceso.
El informe advierte además que la situación jurídica del municipio aún no termina. Permanece en curso otro proceso promovido por Invías relacionado con las vigencias tributarias 2013, 2014 y 2015 por más de $3.554 millones, expediente que desde agosto de 2024 permanece al despacho para sentencia en el Tribunal Administrativo del Tolima.
