El ibaguereño Didier Fabián Blanco Rodríguez fue designado como nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de coordinar las medidas de seguridad para líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, servidores públicos y demás personas que enfrentan riesgos extraordinarios en Colombia.

Blanco Rodríguez, oriundo del barrio San Diego de Ibagué, es psicólogo, abogado, empresario y especialista en Derecho Penal, además de ser reconocido por su experiencia en el campo de la seguridad y los estudios poligráficos. Según el documento de presentación de su designación, su principal objetivo será recuperar la confianza y la credibilidad de la institución, fortalecer los protocolos de protección y combatir los focos de corrupción al interior de la entidad.

De acuerdo con el perfil divulgado, el nuevo director considera que la protección debe brindarse sin distinción alguna y que la prioridad de la UNP será garantizar la vida de todas las personas que hagan parte del sistema de protección.

"Mi única prioridad será proteger vidas, del político y del líder social con igual importancia y urgencia", señala el documento, que también destaca su compromiso de restablecer los protocolos de seguridad y dignificar la labor de los hombres y mujeres que integran la institución.

Didier Blanco es psicólogo de la Universidad Antonio Nariño, especialista en Gerencia, Talento Humano y Desarrollo Organizacional de la Universidad del Tolima, abogado de la misma institución y especialista en Derecho Penal de la Universidad de Ibagué.

A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado cargos como asesor de la Aeronáutica Civil, de la Gobernación del Tolima, de la Alcaldía de Lérida y del IBAL. También fue gerente de la Gestora Urbana de Ibagué y de la empresa Detektar S.A.S., experiencia que, según su hoja de vida, le ha permitido consolidar conocimientos en materia de seguridad, administración y gestión organizacional.

La llegada de Blanco Rodríguez a la dirección de la UNP marca el inicio de una nueva etapa para la entidad, en la que se plantea fortalecer la transparencia institucional, mejorar las condiciones del personal encargado de los esquemas de protección y garantizar que las medidas de seguridad se otorguen con criterios técnicos y sin discriminación.