El debate, citado a la Dirección de Contratación, la Secretaría de Gobierno y el Centro de Atención y Protección Animal (CAPA), se convirtió en uno de los más polémicos del año al poner bajo la lupa la relación contractual entre la Administración Municipal y una empresa que, según las cifras presentadas por el cabildante, ha acumulado contratación superior a los $17.500 millones entre 2024 y 2026.

Durante varias horas, Bolívar presentó cuadros comparativos, documentos contractuales y reportes de aportes al sistema de seguridad social con los que buscó sustentar una serie de presuntas irregularidades que, a su juicio, ameritan investigaciones por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

El primer punto llamativo del debate estuvo relacionado con el Contrato 1845, destinado al suministro de kits de aseo para personas privadas de la libertad. Según la información expuesta por el concejal, tras realizar un análisis de precios de mercado e incluir costos asociados como impuestos y administración, el valor estimado de cada kit sería cercano a los $25.240.

Sin embargo, de acuerdo con las cifras presentadas, la empresa habría facturado cada kit para hombres por cerca de $49.860 y los kits para mujeres por aproximadamente $58.600.

Para Bolívar, esta diferencia podría evidenciar sobrecostos significativos en la contratación. El concejal aseguró que estos valores deberían ser revisados por los organismos competentes para determinar si existió una afectación a los recursos públicos.

El segundo tema que ocupó buena parte del debate fue la presunta inconsistencia entre el personal exigido en algunos contratos y el número de trabajadores reportados en las planillas de seguridad social. Bolívar presentó registros de aportes al sistema PILA que, según afirmó, evidenciarían diferencias importantes entre las obligaciones contractuales y los pagos efectivamente realizados.

Uno de los casos expuestos corresponde al Contrato 2427, en el que, según la información presentada, se requería la vinculación de aproximadamente 120 personas. No obstante, los documentos mostrados durante el debate indicarían que en algunos meses el número de trabajadores reportados fue considerablemente menor.

Una situación similar habría ocurrido en el Contrato 905, donde, según Bolívar, los reportes de seguridad social muestran variaciones significativas durante distintos periodos de ejecución. Para el concejal, estos registros generan interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y la correcta ejecución de los contratos.

El tercer aspecto que llamó la atención durante la sesión fue la diversidad de servicios contratados con la misma empresa. De acuerdo con la información presentada, Servicios Empresariales SYK S.A.S. ha ejecutado contratos relacionados con el suministro de alimentos para animales del CAPA, kits de aseo para personas privadas de la libertad, servicios de aseo y cafetería, mantenimiento de infraestructura y otras actividades en distintas dependencias públicas.

Bolívar cuestionó que una sola empresa aparezca vinculada a objetos contractuales tan diversos y pidió revisar si en cada caso se cumplían los requisitos técnicos y operativos necesarios para la ejecución de las actividades contratadas.

Sin embargo, el dato que más impacto generó durante el debate fue el volumen de recursos contratados. Según las cifras presentadas por el cabildante, la contratación acumulada de la empresa con entidades del municipio superaría los $17.500 millones.

De ese total, más de $14.300 millones corresponderían a contratos celebrados directamente con la Administración Municipal, mientras que el resto estaría distribuido entre entidades descentralizadas como el IBAL, la Unidad de Salud de Ibagué y el Sistema Estratégico de Transporte Público. Para Bolívar, el monto contratado obliga a una revisión detallada de cada proceso, especialmente teniendo en cuenta las presuntas irregularidades que fueron expuestas durante el debate.

Aunque el debate abordó diferentes contratos, uno de los principales focos de atención estuvo relacionado con el Centro de Atención y Protección Animal. Precisamente, la citación buscaba conocer detalles sobre la ejecución contractual, la destinación de recursos y los procesos de contratación asociados al funcionamiento de este centro.

Las denuncias se producen en medio de una investigación que ya ha generado controversia pública y que ha puesto nuevamente sobre la mesa las discusiones alrededor de los mecanismos de supervisión contractual en el municipio. Al finalizar la sesión, Bolívar pidió que la Fiscalía General de la Nación adelante un análisis exhaustivo de los contratos ejecutados por la empresa para establecer si existieron posibles irregularidades administrativas, fiscales, disciplinarias o penales.

El concejal también solicitó verificar el destino de los recursos que, según las denuncias expuestas, no tendrían correspondencia clara con los aportes realizados al sistema de seguridad social.

Por ahora, las denuncias presentadas durante el debate constituyen señalamientos que deberán ser revisados por las autoridades competentes.

Lo cierto es que la discusión dejó abierta una pregunta que seguramente seguirá generando debate en la ciudad: ¿cómo una empresa que hoy enfrenta cuestionamientos por presuntos sobrecostos e inconsistencias laborales logró convertirse en uno de los mayores contratistas de la Administración Municipal durante los últimos años?