El cabildante aseguró que en Colombia persisten graves deficiencias institucionales que terminan dejando desprotegidos a niños, niñas y adolescentes. Según indicó, organismos como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras entidades de protección enfrentan limitaciones que afectan su capacidad de respuesta frente a estos casos.

Castillo también criticó lo que considera un sistema judicial permisivo con los agresores sexuales, señalando que las garantías procesales terminan favoreciendo a los delincuentes y generando desconfianza entre los ciudadanos. A su juicio, las reformas aprobadas hasta ahora no han sido suficientes para frenar este tipo de conductas.

En ese sentido, hizo un llamado al Congreso de la República para promover cambios que fortalezcan las sanciones contra quienes atenten contra menores de edad. El concejal sostuvo que el país debe avanzar hacia medidas que garanticen una protección más efectiva para la infancia y adolescencia.

Entre las propuestas planteadas, Castillo mencionó la posibilidad de estudiar la implementación de la castración química para agresores sexuales, una medida que, según afirmó, ya ha sido aplicada en otros países. 

Finalmente, el concejal calificó como imperdonables los hechos ocurridos en El Espinal y sostuvo que la clase política no puede permanecer indiferente frente al clamor ciudadano por justicia. Según concluyó, Colombia necesita reformas que no solo aumenten las penas, sino que también fortalezcan la confianza de la población en las instituciones encargadas de proteger a los menores.