En medio de un panorama cada vez más crítico para el país, inicia el debate del proyecto de ley que busca blindar la seguridad energética como un derecho colectivo, en respuesta al deterioro del acceso a la energía y al aumento sostenido en las tarifas que hoy golpea a millones de colombianos.

La iniciativa propone modificar la Ley 472 de 1998 para garantizar un suministro confiable, continuo y asequible, reconociendo la energía como un derecho esencial para la vida digna, la productividad y el desarrollo económico.

El contexto es preocupante, millones de colombianos no cuentan con acceso suficiente a energía, mientras que en zonas rurales la pobreza energética alcanza el 47,9 %, reflejando una brecha profunda que sigue creciendo.

A esto se suma la caída en la exploración de hidrocarburos, la reducción de las reservas de gas y una creciente dependencia de importaciones, factores que están disparando los costos y dejando al país expuesto a una crisis energética.

“No podemos permitir que el Gobierno de turno siga frenando la exploración y explotación de nuestros recursos. Colombia necesita una política seria, responsable y de largo plazo. La energía no puede depender de improvisaciones ideológicas; está en juego el bolsillo de los colombianos y la estabilidad del país”, afirmó la representante a la Cámara, Carolina Arbeláez.

En ese sentido, el proyecto busca generar efectos concretos, frenar decisiones que debiliten la autosuficiencia energética, atraer inversión al sector, proteger a las poblaciones más vulnerables y garantizar una transición energética responsable que no comprometa el suministro.

Asimismo, la iniciativa apunta a recuperar la soberanía energética, reducir la dependencia de fuentes externas costosas e inestables y evitar nuevas alzas que sigan asfixiando a los hogares y al aparato productivo.