En Cereté, Córdoba, el presidente Gustavo Petro, sancionó la Ley de Jurisdicción Agraria, aprobada por el Congreso hace varios meses.

Acompañado de la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino; del ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, y del director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, se dio un paso importante para el campo colombiano al firmar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria. 

Con esta norma, el país avanza en la construcción de una justicia agraria especializada, con jueces y tribunales dedicados exclusivamente a resolver conflictos de tierras en todo el territorio nacional. 

Con la implementación de la Jurisdicción Agraria, la solución de conflictos por la tierra y las actividades de producción agraria tendrán soluciones oportunas y respetuosas del régimen agrario. 

Además, acercará la justicia a las poblaciones campesinas y étnicas. “No es poco lo que aquí estamos celebrando. Es una manera de hacer la Reforma Agraria que junta el deseo de justicia social del campesinado. […] Hemos traído libertad, superando las necesidades vitales de mucha gente y aún hay que seguirlo haciendo, (porque) aún falta agua potable, aún falta más comida, aún falta mucha más educación, aún falta mucha más salud”, subrayó el presidente Gustavo Petro.

Solución de conflictos

La Ley establece que los jueces y magistrados deben ser expertos en derecho agrario y ambiental. De esta manera, se busca que los conflictos agrarios encuentren soluciones que armonicen los intereses del campesinado y los productores agropecuarios con la protección de los suelos, la biodiversidad y los Página 1 de 5 ecosistemas estratégicos. 

También se espera una justicia respetuosa de la diversidad étnica y de género. La nueva Ley, además de establecer la creación de despachos judiciales, introduce la figura de facilitadores agrarios que tendrán la tarea de orientar a los ciudadanos de forma gratuita, asegurando que los procesos sean claros y comprensibles para todos. 

Además, será priorizada la atención en las zonas más afectadas por el conflicto (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET) y donde el conflicto agrario es más intenso. 

Con la sanción presidencial de la Ley Estatutaria, el Consejo Superior de la Judicatura podrá iniciar la implementación la Jurisdicción Agraria, organizando y creando los tribunales y juzgados agrarios y rurales, y avanzando en los procesos de formación y conformación de los despachos judiciales y los equipos técnicos que los acompañarán en la toma de decisiones. 

Lo que viene

El siguiente paso en la consolidación de la Jurisdicción Agraria es la culminación del trámite legislativo de la ley ordinaria que establece las reglas especiales de procedimiento y operación de la Jurisdicción Agraria y Rural. 

“Hoy tenemos el orgullo de presentar la Ley que este Gobierno sacó con el Congreso de la República para decir que aquí sí hay jueces y magistrados agrarios que le devuelven la dignidad al campesinado, y que no sea la violencia la que dirima los conflictos. Fue la apuesta esencial del Acuerdo de Paz y, delante de ustedes, podemos decir que sigue siendo la apuesta más importante del pueblo agrario de Colombia: buscar la paz. Hoy, presidente, decimos con orgullo que hemos cumplido y que sancionamos de sus manos, junto con esta ministra y este pueblo cordobés, la historia de la lucha agraria. Porque hoy hay justicia agraria en manos del primer Gobierno progresista y del campesinado que resiste y persiste”, manifestó la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino. 

La Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria y Rural se convierte en un instrumento crucial para consolidar la paz territorial, la equidad social y la seguridad jurídica en el campo colombiano. “La sanción de esta ley nos permite avanzar en un propósito fundamental: llevar una justicia más cercana al territorio, con jueces que comprendan las dinámicas del campo y respondan de manera efectiva a sus conflictos”, destacó el ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo. 

Por su parte, el director Juan Felipe Harman, quien ha defendido la aprobación y posterior sanción de la Jurisdicción Agraria, aseguró: “Este es un paso clave que agilizará la redistribución de la tierra en Colombia y contribuirá a tener un país más justo con sus campesinos y comunidades étnicas”.