Hay escándalos que comprometen la reputación de un gobernante y otros que ponen en entredicho la integridad de las instituciones. Lo que hoy rodea a Gustavo Petro pertenece, por la gravedad de las denuncias, a la segunda categoría.

El país no está discutiendo la vida sentimental de un expresidente. Está tratando de establecer si se usaron contratos pagados con recursos públicos para pagar favores sexuales. 

Deicy Jiménez asegura que Petro le consiguió contratos estatales a cambio de encuentros íntimos, y que lo mismo ocurrió con otras mujeres. Divulgó un video que sugiere un vínculo, tal vez sentimental, entre los dos . El SECOP registra diez contratos a su nombre entre 2021 y 2026: siete con el Congreso, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia. La Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría ya tienen el caso. Petro niega categóricamente haber usado la contratación pública con esos fines.

Tener contratos y haber sostenido una relación no prueba, por sí solo, un intercambio corrupto. Eso debe esclarecerlo la justicia, y no será sencillo. Unos contratos se firmaron cuando Petro era senador y otros cuando ya era presidente, así que el caso podría pasar por más de un juez natural.

El artículo 209 de la Constitución dispone que la función administrativa está al servicio de los intereses generales. También ordena que se rija por la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, la imparcialidad y la publicidad. La contratación estatal no es una extensión de la voluntad de quien gobierna.

Si se prueba que hubo contratos entregados como contraprestación por favores sexuales, no estaríamos ante un escándalo de alcoba. Estaríamos ante el presupuesto público convertido en moneda de pago, algo que el Código Penal podría encuadrar, entre otros delitos, como tráfico de influencias.

Hay, además, una contradicción difícil de ignorar. Quien hizo de la defensa de las mujeres una bandera política tiene una obligación mayor de responder con transparencia.

Exigir explicaciones no es condenar anticipadamente. La presunción de inocencia se defiende incluso cuando el acusado es un adversario político, pero no puede convertirse en escudo para impedir que se investigue.

Más allá del desenlace judicial, el caso deja una lección. La contratación directa  por prestación de servicios en el gobierno Petro se volvió el festival del derroche, el amiguísimo y elevó al clientelismo a unos niveles jamás antes vistos. Entonces, mientras no quede registro de quién sugiere a cada contratista, cualquier contrato podrá ser un favor y ninguna denuncia será fácil de probar ni de desmentir. Dejar trazabilidad de las recomendaciones y controlar la contratación repetida no resolvería este caso, pero sí ayudaría a evitar el próximo.

Porque una cosa es tener una vida privada y otra muy distinta sería que el Estado resulte satisfaciendo los más bajos instintos de un gobernante. 

La Presidencia es una dignidad, no una licencia para confundir lo público con lo privado. Y cuando el poder pierde el pudor, la democracia tiene el deber de exigirle cuentas.