Mediante un documento de 51 páginas, la Corte Suprema de Justicia archivó el proceso que emprendió Juliana Guerrero contra la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, luego de que la congresista denunciara que los títulos que la excandidata a viceministra de Juventud eran falsos, un escándalo que inició en agosto del 2025 y del que cada vez se conocen nuevos detalles.

Guerrero señalaba a Pedraza de calumnia y de delitos informáticos por supuestamente hackear la página web del Icfes para acceder a sus resultados en las Pruebas Saber Pro; sin embargo, la Corte desestimó esas acusaciones y terminó por archivar el caso.

Para la congresista, “este es un claro ejemplo de cómo se pretendía usar a la justicia para perseguir el control político, tratando de silenciar a quienes denuncian”.

Como parte de su investigación, la representante Pedraza ha denunciado múltiples irregularidades en torno a la Fundación de Educación Superior San José, donde supuestamente había estudiado Guerrero, incluyendo un cartel de títulos falsos de 769 funcionarios públicos, además de una posible red de estafa detrás de los verdaderos dueños de esa institución, entre los que se cuentan una empresa llamada Blu Hartman, la cual tiene otra universidad de papel conocida como ICAFT.

“Ahora es Juliana Guerrero y el exsecretario general de la Fundación de Educación Superior San José quienes deben responderle a la justicia, ellos han faltado en dos ocasiones a las audiencias de imputación de cargos por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. Lo peor es que Juliana sigue siendo la delegada del presidente Gustavo Petro en el consejo superior de la Universidad Popular del César e incluso acaba de participar en la elección del rector de esa institución”, añade.

El fallo

Los magistrados confirmaron que los datos de Juliana Guerrero que fueron expuestos por la representante a la Cámara por Bogotá en el marco de su investigación, incluyendo sus nombres y apellidos completos, número de identificación, formación académica experiencia laboral y profesional, y otros

requisitos para cumplir con el perfil requerido para ocupar un cargo estatal, “no tiene carácter reservado, al contrario, es de público conocimiento y, por ende, no requiere autorización del titular u orden judicial o administrativa para su acceso”.

Para los juristas, “si lo que se reprocha es que la aforada haya accedido a la hoja de vida de la denunciante Guerrero Jiménez, no hay que olvidar que en virtud de los principios de publicidad y transparencia que rigen la función pública, se ventilan las hojas de vida, en este caso, en la página de la Presidencia de la República o en la

plataforma del Sistema de Información y Gestión de Empleos Públicos el cual tiene como objetivo permitir que la ciudadanía tenga conocimiento de los

perfiles y pueda realizar comentarios u observaciones sobre los aspirantes. Por tanto, es claro que en el asunto que convoca la atención, no hay lugar a predicar la configuración de los punibles de acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales”. 

Esto sobre las acusaciones de que Pedraza habría accedido irregularmente a los registros de Guerrero en la página web del Saber Pro.

En cuanto a la denuncia por calumnia, la inasistencia injustificada de la cuestionada funcionaria del gobierno del Presidente Gustavo Petro a la audiencia de conciliación programada por la Corte para noviembre de 2025 llevó a desestimar esa acusación y a archivar el proceso.