La reciente pavimentación de varias vías en el barrio Nueva Castilla, en Ibagué, abrió un nuevo pulso político entre la Alcaldía de Ibagué y el concejal barretista Jorge Bolívar, quien afirma que las obras se realizaron por un fallo judicial promovido por su equipo jurídico y no por iniciativa del gobierno local.

Las obras, que mejoran la movilidad y condiciones de vida de los habitantes del sector, se ejecutaron tras una orden judicial que obligó al municipio a intervenir las vías. Aunque la administración municipal presentó la entrega como parte de su gestión en infraestructura, desde la oposición se insiste en que la intervención fue resultado de una acción jurídica que exigía atender una problemática histórica del barrio.

Bolívar ha reiterado que el proceso legal adelantado permitió que la comunidad obtuviera respuesta luego de años de solicitudes sin solución. Según el concejal, el caso demuestra que la vía judicial se ha convertido en una herramienta para presionar inversiones en sectores que, asegura, no han sido priorizados por la administración de Johana Aranda.

La entrega de estas obras también ha servido como escenario de posicionamiento político en las comunas, donde el cabildante busca presentar el caso de Nueva Castilla como ejemplo de gestión desde la oposición y de resultados concretos en territorio.

“No es que la administración haya querido pavimentar estas calles, sino que se vieron obligados gracias a las acciones jurídicas que emprendimos”, sostuvo Bolívar al referirse al origen de la intervención en el sector.

En medio de la reconfiguración política local y sin el control de la Alcaldía, el liderazgo territorial del concejal empieza a jugar un papel clave en la consolidación de respaldos en distintos barrios, no solo para fortalecer a su sector político en las próximas elecciones al Congreso, sino también en la proyección de su nombre hacia la próxima contienda por la Alcaldía de Ibagué.