La alcaldesa del municipio de Santa Isabel (Tolima), Diana Magaly Caro Galindo, se pronunció frente a la investigación disciplinaria abierta por la Procuraduría General de la Nación en su contra, relacionada con la presunta demora en el pago de salarios y prestaciones sociales a funcionarios de la administración municipal.

La mandataria aclaró que el proceso no recae únicamente sobre su gestión, sino que también vincula a exfuncionarios y exautoridades del municipio.

“Esta investigación disciplinaria no es sólo para mí, ahí también apertura la investigación al exalcalde, a la exsecretaria de Hacienda del momento, a la suscrita y a las dos secretarias de Hacienda que se han tenido en esta administración actual”, afirmó.

Según explicó, la situación se originó en obligaciones reconocidas en la Resolución 193 de 2023, expedida durante la administración anterior, en la que se dejaron cuentas por pagar superiores a los 1.000 millones de pesos, sin que existieran los recursos suficientes para cubrirlas.

En ese sentido, sostuvo que su gobierno incluso fue el que puso en conocimiento de los entes de control las inconsistencias detectadas durante el empalme.

“Nosotros mismos radicamos la queja presentando nuestras inconformidades del proceso de empalme al recibir el gobierno en el 2024”, señaló la alcaldesa, al tiempo que indicó que dentro de las deudas heredadas se encontraban salarios y prestaciones sociales de funcionarios correspondientes a los meses de agosto a diciembre de 2023, así como transferencias a la Personería y pagos al Concejo Municipal.

Caro Galindo aseguró que su administración ha realizado un esfuerzo financiero significativo para atender esas obligaciones con recursos propios, pese a las limitaciones presupuestales.

En todo caso, la alcaldesa manifestó tener tranquilidad frente al proceso disciplinario y sostuvo que su gobierno no ha actuado de manera negligente u omisiva.

“Tengo total tranquilidad sobre la investigación, soy respetuosa de la decisión del ente de control, pero tenemos todo el material probatorio para demostrar de que la administración municipal no ha actuado de manera ni negligente ni omisiva con el pago de las prestaciones sociales”, indicó.

Finalmente, reiteró que su administración ejercerá la defensa correspondiente ante la Procuraduría y continuará gestionando recursos para saldar las deudas pendientes.