En medio del calendario tributario de 2026, la discusión por el impuesto predial vuelve a encenderse en Ibagué. A las recientes denuncias del abogado Wilson Leal sobre presuntas irregularidades en la actualización catastral, se suman ahora protestas ciudadanas que evidencian incrementos desbordados en el cobro del tributo.

El caso más reciente se registró el martes 17 de marzo en la Hacienda La Miel, sector de Buenos Aires, donde habitantes salieron a protestar tras recibir facturas con aumentos que, según denunciaron, superan el 1.200%. 

De acuerdo con la comunidad, predios que pagaban cerca de $800.000 en 2025 hoy enfrentan cobros de hasta $93 millones, mientras que los avalúos habrían pasado de $150 millones a cerca de $9.000 millones.

Este escenario coincide con las advertencias hechas por Leal, quien cuestionó de fondo el proceso adelantado por la Administración Municipal. Según explicó, aunque se expidieron los decretos que daban cierre a la actualización catastral a finales de 2025, estos no habrían sido publicados con sus anexos técnicos completos, donde reposan los avalúos y parámetros de cálculo.

A juicio del jurista, esta omisión tiene implicaciones jurídicas importantes. Sin la debida publicidad de esos documentos, los actos administrativos podrían no ser aplicables, lo que pondría en duda la legalidad del cobro del impuesto predial durante la actual vigencia.

A esto se suman inconsistencias técnicas en los avalúos. Leal aseguró que existen diferencias significativas frente a los valores establecidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con variaciones que en algunos casos superarían el 250%, lo que genera dudas sobre la metodología utilizada en el proceso.

“Estamos viendo avalúos que no corresponden con la realidad del mercado y que incluso superan referencias técnicas confiables, lo que debe ser revisado con urgencia”, advirtió.

Otro de los puntos críticos tiene que ver con el acceso a la información. El abogado señaló que los contribuyentes no cuentan con herramientas claras para conocer cómo se calcularon sus avalúos y que, incluso, en los puntos de atención habilitados por la Alcaldía no se estaría orientando adecuadamente sobre los recursos legales disponibles.

“Ni siquiera se está informando sobre el recurso de reconsideración, que es clave para que los ciudadanos puedan defenderse en estos casos”, afirmó.

Además, Leal aseguró haber evidenciado que el proceso no estaba completamente finalizado en enero de 2026, pese a que debía haber quedado cerrado al terminar el año anterior, lo que incrementa las dudas sobre la solidez de la actualización.

Ante este panorama, el abogado pidió suspender el cobro del predial con base en la nueva actualización y aplicar temporalmente los ajustes definidos por el Gobierno Nacional mientras se corrigen las inconsistencias.

“Se debe parar el proceso y garantizar transparencia. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se calcularon sus avalúos”, enfatizó.

Las protestas en sectores como La Miel, donde cerca de 1.000 personas se verían afectadas y el plazo de pago con descuento vence el próximo 30 de abril, reflejan que la preocupación ya no es solo técnica, sino social.

Así, mientras crecen las dudas y el malestar ciudadano comienza a expresarse en las calles, en Ibagué vuelve a tomar fuerza una pregunta que no es nueva, pero sí cada vez más inquietante: ¿se está gestando un nuevo predialazo?