La plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de ley que reconoce el carácter de factor salarial de la Bonificación Judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, la Justicia Penal Militar, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial.

La iniciativa, que tuvo como ponente al senador liberal Alejandro Carlos Chacón, quien además es su autor, da un paso clave para corregir una inequidad histórica en el régimen salarial del sector justicia.

El proyecto, que continuará su trámite en la Cámara de Representantes, busca reconocer plenamente la Bonificación Judicial como factor salarial para todos los efectos legales, y no solo para la cotización a salud y pensión. Esta bonificación fue creada mediante los Decretos 382, 383 y 384 de 2013; 022 de 2014; y 1269 de 2015, pero su exclusión como salario ha generado afectaciones en el reconocimiento de prestaciones sociales, indemnizaciones y demás derechos laborales.

Actualmente, la Bonificación Judicial beneficia a 36.819 servidores judiciales; sin embargo, la falta de reconocimiento como factor salarial ha provocado una alta litigiosidad contra el Estado, obligando a miles de trabajadores a acudir a la justicia para reclamar un derecho que ha sido reiteradamente reconocido por la jurisprudencia.

Cifras oficiales

⦁ Existen más de 15.600 procesos judiciales relacionados con esta bonificación.

⦁ Las pretensiones económicas superan los $750 mil millones de pesos.

⦁ En la Rama Judicial se han registrado condenas por más de $268 mil millones en los últimos diez años.

Durante el debate, el senador Alejandro Carlos Chacón destacó que el proyecto se ajusta plenamente a la Constitución, la cual otorga al Congreso de la República la competencia para definir el régimen salarial de los empleados públicos, y recoge los criterios de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que han señalado que los pagos habituales y permanentes constituyen salario, independientemente de su denominación.

Ahorro fiscal y seguridad jurídica

El Consejo Superior de la Judicatura ha señalado que la aprobación de esta iniciativa permitirá un ahorro anual estimado de $378.549 millones, al reducir sustancialmente los procesos judiciales, las condenas y los costos asociados a la defensa jurídica del Estado.

El proyecto cuenta con el respaldo de organizaciones sindicales del sector justicia, como Unisercti, Untransfis, Serfigen Cti, Osinal, Sinalfi, Unitraj, Asonal Judicial, Sintrafiscalía, Sintrafisgeneral Y Untrafis, y es considerado una medida de justicia laboral, fortalecimiento del diálogo social y confianza institucional.

“Con esta aprobación en segundo debate, la Plenaria del Senado avanza en el reconocimiento de los derechos laborales de los servidores judiciales y en la construcción de un sistema salarial más justo, equitativo y jurídicamente sólido para el sector justicia”, explicó el senador Alejandro Carlos Chacón.