El senador Carlos Julio González Villa radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 327, una iniciativa construida conjuntamente con el equipo de Neuropsicología y Psicología Forense de la Fiscalía General de la Nación. 

El propósito central es fortalecer la protección integral de los niños, niñas y adolescentes que, lamentablemente, deben intervenir en procesos penales como víctimas o testigos.

“Este proyecto nace de la experiencia de los expertos. Buscamos que el proceso penal no sea una segunda agresión para el menor. Queremos un sistema de justicia más técnico, especializado y, sobre todo, más humano y menos revictimizante”, aseguró el senador González Villa.

El articulado, que modifica parcialmente la Ley 1652 de 2013 y la Ley 1098 de 2006, establece una diferenciación clara entre la entrevista forense —propia de la fase investigativa— y el testimonio en juicio oral, fijando reglas precisas para jueces, defensores y operadores del sistema. 

Así mismo, garantiza el uso de herramientas tecnológicas para evitar la confrontación directa de los niños con su presunto agresor, protegiendo su estabilidad emocional durante el proceso.

Otro de los cambios clave es la ampliación de la cobertura en regiones apartadas: en los lugares donde no exista presencia del CTI, la Policía Judicial podrá realizar la entrevista forense bajo estrictos protocolos, superando las barreras que hoy impiden actuar con oportunidad y rigor técnico.

 La propuesta también exige la presencia obligatoria de un profesional especializado —preferiblemente un psicólogo— como interlocutor técnico entre el menor y las partes, evitando interrogatorios inadecuados y asegurando un proceso más seguro y menos revictimizante.

El Estado contará con un plazo de seis meses para reglamentar la formación y acreditación del personal encargado, con el fin de garantizar protocolos y estándares unificados de calidad en la atención a los menores.