El Congreso busca dotar a la Armada Nacional de un instrumento legal para actuar con respaldo judicial inmediato frente a delitos transnacionales.

Para el efecto, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley por medio del cual se expide el Código de Procedimiento Especial de Interdicción Marítima, Peimar, iniciativa legislativa presentada por los ministerios de Justicia y Defensa.

En la discusión, el senador German Blanco, indicó “hemos tocado un punto álgido como son los derechos humanos, que tiene que ver con el debido proceso, que tiene que ver con la legitimidad de las Fuerzas Militares y tiene que ver también con la lucha contra la criminalidad. Este proyecto es de vital importancia tratándose de resultados”.

Por su parte, el Senador ponente Carlos Alberto Benavides, Pacto Histórico, manifestó que “el Peimar es el protocolo para detener naves usadas en actividades ilegales, el cuerpo de Guardacostas podrá cumplir funciones limitadas de policía judicial. La Armada tendrá 6 meses después de la promulgación de esta ley para adaptar sus buques, los equipos y capacitar al personal en los nuevos procedimientos”.

Esta herramienta permite a Colombia dar un paso histórico en la lucha contra el crimen organizado en el mar para detener, inspeccionar y judicializar embarcaciones involucradas en delitos como narcotráfico, pesca ilegal, piratería y trata de personas, incluso en alta mar, con total respeto por los derechos humanos.

Con el Procedimiento Especial de Interdicción Marítima, las operaciones se realizarán con respaldo judicial inmediato y tecnología de punta, incluyendo audiencias virtuales desde las unidades navales. 

Esto evitará interrumpir misiones y garantizará la defensa de los capturados, cumpliendo estándares internacionales.

El 40 % del territorio colombiano es marítimo y por sus aguas transita el 98% del comercio internacional del país, además del 85 % del tráfico marítimo del canal de Panamá. Estas condiciones exigen una respuesta legal moderna y coordinada.

Entre las novedades establece que el Cuerpo de Guardacostas podrá ejercer funciones especiales de policía judicial. 

Las capturas a más de 24 millas náuticas se legalizarán en máximo 36 horas; y los procedimientos incluirán inspecciones, manejo de evidencia y coordinación directa con la Fiscalía General de la Nación.