El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual sobre derechos humanos, en el que concluye que en 2024 no hubo cambios significativos en la situación de Colombia. 

El documento menciona denuncias creíbles sobre ejecuciones arbitrarias o ilegales, torturas, detenciones arbitrarias y abusos graves en el contexto del conflicto armado. También advierte sobre restricciones a la libertad de expresión y de prensa, con amenazas y ataques contra periodistas, así como limitaciones a la libertad de asociación y violencia contra activistas laborales.

El reporte señala que el Gobierno colombiano adoptó medidas para identificar y sancionar a funcionarios implicados en abusos. Sin embargo, resalta que grupos armados no estatales, incluyendo disidencias de las Farc, el Eln, organizaciones narcotraficantes y bandas criminales, continúan perpetrando homicidios, secuestros, atentados con explosivos, trata de personas, violencia sexual y reclutamiento forzado de menores. También se les atribuyen amenazas contra periodistas, líderes sociales y religiosos.

Según el informe, estas organizaciones son responsables de graves violaciones que afectan directamente a la población civil, restringen la libertad de movimiento y generan un ambiente de riesgo para defensores de derechos humanos y comunidades vulnerables. Aunque las autoridades investigan las denuncias, organizaciones de la sociedad civil advierten que los procesamientos siguen siendo escasos.

El Departamento de Estado concluye que, pese a los esfuerzos institucionales, persisten desafíos estructurales para garantizar la protección de los derechos humanos en Colombia, especialmente en zonas afectadas por el conflicto armado y la criminalidad organizada.