El reconocido abogado Luis Felipe Aranzalez, quien en el pasado cuestionó varias licitaciones tanto de la administración de Andrés Hurtado como de la actual mandataria Johana Aranda, llega ahora a asesorar los procesos contractuales de la Alcaldía de Ibagué con el objetivo de garantizar mayor transparencia.

Una de las pruebas será una millonaria licitación para la recuperación de la malla vial de la capital tolimense.

"Lo que queremos ofrecer no es solo profundidad, sino objetividad, transparencia y exigencias sólidas", afirmó en entrevista con el Ping Pong Político.

Según explicó, la alcaldesa lo invitó junto a su equipo de trabajo hace dos meses a participar en la estructuración de los procesos de contratación, buscando que estos sean realmente abiertos y garanticen la pluralidad de oferentes.

En cuanto al contrato de la Secretaría de Infraestructura, Aranzalez confirmó que se utilizarán pliegos tipo, herramienta establecida por ley para estandarizar los procesos y evitar restricciones injustificadas.

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"Independencia para garantizar transparencia y objetividad. Vamos a tener mucho más de un oferente. Este es un proceso de pliego tipo donde participan más de 60 proponentes", aseguró.

El abogado también advirtió que, pese al mandato legal, se habría vuelto una práctica común modificar los pliegos tipo para direccionar los procesos, una situación que —según dijo— ha sido identificada en contrataciones adelantadas por la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL).

"El día en que sintamos alguna presión para efectos de modificar pliegos tipo para corrupción, nos iremos de este gobierno", sentenció.

Sobre otro de los procesos que asesora, el contrato para la actualización catastral de la ciudad, Aranzalez explicó que si bien el proceso fue publicado con antelación en el SECOP II y recibió observaciones de varios interesados, algunas solicitudes para ampliar la participación fueron rechazadas o solo aceptadas parcialmente.

Varias observaciones advertían que los requisitos de experiencia e indicadores financieros eran desproporcionados y restringían la pluralidad de oferentes. Sin embargo, el abogado defendió el modelo adoptado.

"Es un proceso abierto, con indicadores financieros abiertos, estudiados a más de 600 empresas y unas consideraciones similares a las establecidas por el IGAC", explicó.

Agregó que el valor promedio de la actualización por predio será de $100.000, una cifra muy por debajo del promedio nacional, que ronda los $250.000 por predio. Debido a ese valor tan bajo, solo una firma mostró interés.

Finalmente, Aranzalez recomendó que el municipio, como gestor catastral, debe avanzar en el fortalecimiento de su capacidad técnica y de talento humano, con miras a desarrollar futuras actualizaciones directamente