La Contraloría General de la República, a través de la Gerencia Departamental Colegiada de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, abrió proceso de responsabilidad fiscal por el presunto detrimento patrimonial de más de $3.000 millones en el proyecto para la recuperación de arrecifes coralinos afectados por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo en el archipiélago.

El contrato fue celebrado entre la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Coralina y la Asociación de Municipios de la Costa Asomucosta, con recursos financiados por el Fondo Nacional Ambiental, Fonam. 

Como resultado de las actuaciones adelantadas por la Gerencia Departamental Colegiada de San Andrés, se identificaron elementos que permitieron interferir la posible existencia de un daño patrimonial.

El órgano de control vinculó como presuntos responsables fiscales a cinco servidores y exservidores públicos que participaron en la planeación, supervisión, ejecución, control del contrato y liquidación, así como al representante legal de la entidad contratista vinculada al desarrollo del proyecto.

San Andrés fue uno de los territorios visitados en el marco de la estrategia 'Vuelta Colombia por el Control', iniciativa institucional orientada a fortalecer el control fiscal y la identificación de riesgos asociados a la gestión de los recursos públicos.

"La Contraloría continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia y control fiscal en San Andrés para que se haga efectiva la protección de los arrecifes coralinos, fundamentales para la conservación ambiental de este territorio", manifestó el Contralor General, Jorge Laverde Vargas.

Los recursos destinados estaban dirigidos a la protección de estos ecosistemas considerados esenciales para la supervivencia de cientos de especies marinas y para la sostenibilidad ambiental de las islas. 

La pérdida de coral implica una reducción de la biodiversidad, una menor capacidad de protección frente a fenómenos climáticos extremos y un impacto directo sobre actividades económicas esenciales para las comunidades locales.