Hace algún tiempo escribimos sobre la enorme cantidad de agua potable que se pierde en las redes hídricas urbanas antes de llegar a los hogares. Hoy aquella reflexión adquiere mayor relevancia cuando Colombia enfrenta incendios forestales en diferentes regiones y el Tolima vive una tragedia ambiental sin precedentes, fruto de las altas temperaturas, la deforestación y acciones criminales contra su medio ambiente. Aunque el problema ambiental es diverso, su común denominador es el agua.

Mientras se queman los bosques que protegen cuencas y regulan caudales, seguimos descuidando y abusando de las fuentes hídricas para abastecer centros poblados, municipios y ciudades. El derroche ciudadano del agua en hogares, lavaderos y riegos, debe controlarse, regularse, y cuando corresponda, sancionarse. Pero ¿quién controla y castiga el derroche hídrico institucional y la inoperancia de quienes la administran? Si las pérdidas en las redes urbanas alcanzan proporciones cercanas al 50 % del agua ya captada y tratada. También estamos frente a una tragedia silenciosa que carcome día tras día, nuestro más preciado recurso: el agua.

Al mismo tiempo de la tragedia forestal, una parte importante del agua ya potabilizada, termina derrochándose y perdiéndose en redes hidráulicas urbanas ya deterioradas por el tiempo, situación que se ha convertido equivocadamente en una constante territorial.

Esta Emergencia Nacional, decretada a causa del terremoto y los incendios forestales debería permitir que el Gobierno haga de la austeridad un hecho revelador y mire hacia dentro la ineficiencia administrativa y operativa de las entidades que manejan el agua potable, así como de aquellas que protegen las fuentes hídricas territoriales. Debería medirse ciudad por ciudad, cuánta agua se capta, trata, distribuye y contabiliza, para evaluar el impacto ambiental, social y económico de esas pérdidas técnicas y operativas.

El desperdicio acumulado en el tiempo podría alcanzar dimensiones similares o superiores a las dejadas por esta emergencia forestal. La ineficiencia administrativa ha facilitado que fenómenos como El Niño sean más complejos de manejar y que la criminalidad forestal resulte difícil de neutralizar.

De las pérdidas del agua ya captada, tratada y distribuida, una proporción importante corresponde a fallas técnicas derivadas de la falta de mantenimiento y reposición de las redes urbanas; la otra, a pérdidas comerciales o fraudulentas cuya reducción también es responsabilidad de las organizaciones encargadas del servicio. Recurso hídrico y económico que se pierde como agua entre los dedos.

Ibagué ha sido durante muchos años un mal ejemplo, aunque el problema se repite en numerosas ciudades colombianas. La ciudad llegó a registrar pérdidas cercanas al 52 % del agua distribuida, y aunque se han evidenciado reducciones en sus indicadores mediante programas de control de fugas e inversiones en reposición de redes, el problema continúa siendo estructural. Cada metro cúbico perdido tuvo que ser previamente captado, tratado y transportado. Por eso, las fugas representan simultáneamente un costo económico y una presión innecesaria sobre fuentes hídricas ya escasas y en peligro.

El fenómeno de El Niño, los incendios forestales y la deforestación deberían obligarnos a reaccionar. Proteger el agua comienza mucho antes de abrir una nueva bocatoma; comienza protegiendo el bosque, custodiándolo de los criminales, planeando bien la ciudad y siendo eficientes con los recursos naturales y económicos que administramos.

La seguridad humana es también seguridad hídrica y alimentaria. Por ello se requiere de autoridades ambientales proactivas, persuasivas, y policivas cuando sea necesario, como también nuevas políticas para modernizar las redes e incorporar tecnología que permita en tiempo record detectar y reparar fugas.

Los incendios, la deforestación causada por actividades lícitas e ilícitas y el mal abastecimiento y uso del agua potable, forma parte de una misma crisis territorial y ambiental. Mientras Colombia combate las llamas que consumen sus bosques, también debería apagar y con premura, esa otra emergencia, causada por el desperdicio silencioso y costoso del agua ya captada y potabilizada, seguimos dejándola perder como si fuera inagotable.