El Tolima vive una doble emergencia: los incendios forestales que consumieron más de 30 mil hectáreas y las secuelas del terremoto que aún se contabilizan en varios municipios, sobretodo en las zonas rurales. En medio de ese escenario, la visita del presidente Abelardo De la Espriella para adelantar un puesto de mando Unificado - PMU - junto a la gobernadora Adriana Magali Matiz, no fue un simple gesto protocolario: vino acompañada de compromisos concretos que vale la pena señalar.

Entre las medidas anunciadas están: 7.000 millones de pesos para proyectos productivos y 2.000 millones para la compra de 80.000 pacas de pasto; la puesta en marcha de "Tolima Verde Renace" para la restauración ambiental; la congelación de la cartera crediticia con Asobancaria y el Banco Agrario hasta diciembre, con reperfilamiento de deudas; 343 subsidios de vivienda rural de 65 millones de pesos cada uno; recompensas de hasta 50 millones por los responsables de provocar los incendios y 500 millones por cabecillas de disidencias; la conformación de un grupo élite de la fuerza pública para perseguir a los incendiarios; protección reforzada para alcaldes amenazados; y la gestión de cooperación internacional con Chile, España y el reciente anuncio hecho por Estados Unidos. A esto se suma el trámite que se adelantaría por parte de  la Gobernación para constituir una Zona Económica y Social Especial con alivios tributarios para el departamento.

Es un paquete robusto, y hay que decirlo claramente: hasta ahora la institucionalidad —Gobierno Nacional y Gobernación por igual— ha respondido con la celeridad que la emergencia exigía. Ese reconocimiento no es un cumplido  político o una adulación, es simplemente lo justo.

Ahora bien, la pregunta que me interesa no es si los anuncios suenan bien, sino si tienen el sustento jurídico para sostenerse en el tiempo. La declaratoria de calamidad pública no es un cheque en blanco: exige ejecución presupuestal verificable, y la ZESE, por su parte, requiere un trámite legislativo que necesita de estudios técnicos, jurídicos, financieros y por supuesto, voluntad política y gubernamental. Entonces, El verdadero examen de estos compromisos no es en el anuncio, es en el día en que se materializan.

Y ante lo que estamos viviendo no puedo evitar hacer un ejercicio mental,  imaginemos esta misma tragedia gestionada por el petrismo. Probablemente habríamos tenido, antes que camiones con ayuda humanitaria, una mesa de "diálogo territorial" convocada desde Bogotá para escuchar a las comunidades sobre el sentido histórico del fuego. Habríamos esperado un trino de Petro explicando que los incendios son culpa del modelo extractivista heredado, seguido de un consejo de ministros itinerante que llega dos semanas tarde y sin soluciones efectivas. La comparación no es gratuita: sirve para analizar que gobernar es cuestión de método con un estándar que hoy sí se está cumpliendo.

El Tolima no está solo. Pero tampoco puede quedarse a esperar. La tarea que sigue es vigilar que cada peso, ayuda y trámite  anunciado llegue a los lugares necesitados, y si bien los afectados no han estados solos, hay que seguirlos acompañando.