En el sur del Tolima hay una realidad que no podemos seguir ignorando. En municipios como Ataco, Chaparral y Coyaima hay retroexcavadoras trabajando 24/7. No están construyendo nada; están abriendo la tierra en busca de oro y dejando a su paso deforestación, contaminación y una economía ilegal que se fortalece cada día.

Las cifras son claras y preocupantes. Más de 200 hectáreas de bosque ya han sido arrasadas, especialmente en la cuenca del río Saldaña y sus afluentes. En algunos operativos recientes se ha evidenciado la afectación de más de 230 hectáreas de ecosistemas. Lo que antes era fuente de agua, biodiversidad y sustento para comunidades campesinas, hoy está en riesgo.

Pero aquí hay que decir las cosas como son, esto no es solo un problema ambiental. Es un negocio multimillonario. Mientras la minería legal le deja al departamento cerca de 500 millones de pesos mensuales en regalías, la ilegal podría estar moviendo hasta 5.000 millones al mes, según datos revelados por la Gobernadora del Tolima.

Y donde hay esa plata, llegan también los problemas más graves. La minería ilegal está vinculada a estructuras criminales que buscan controlar el territorio, financiarse y expandir su poder. Esto no solo destruye nuestros ecosistemas, también pone en riesgo la seguridad y la tranquilidad de nuestras comunidades.

Frente a esto, la respuesta institucional, aunque necesaria, va a seguir siendo insuficiente. Ha habido operativos, capturas y destrucción de maquinaria, algo que hay que reconocer. Pero la realidad es que la minería ilegal no se va a acabar solo con persecución. Se acaba cuando la ilegalidad no sea más rentable que la legalidad y cuando el Estado ocupe de verdad el territorio.

Aquí hay una responsabilidad clara del Congreso de la República. Colombia necesita leyes que regulen la materia y que sean acordes a la realidad que estamos viviendo, que se modernicen. No podemos seguir con un modelo que, en la práctica, empuja a la ilegalidad y deja a regiones como el Tolima enfrentando solas este problema.

Pero también hay una verdad incómoda que no podemos desconocer: en muchas zonas rurales no hay oportunidades. Y cuando el Estado no llega con inversión, empleo y alternativas productivas, la ilegalidad termina llenando ese vacío. Pasa con la minería, el narcotráfico, los brujos, etc.

El Tolima no puede seguir perdiendo su riqueza natural mientras otros se enriquecen al margen de la ley. No podemos permitir que el oro termine financiando la destrucción de nuestro propio territorio.

Aquí hay que tomar decisiones de fondo. Con carácter, con claridad y pensando en el futuro. Porque lo que está en juego no es solo el medio ambiente. Es el rumbo del Tolima.