Ibagué atraviesa un momento complejo en materia de seguridad y convivencia. Lo que hoy se vive en el centro de la ciudad, en las plazas de mercado, la terminal, parques emblemáticos y corredores tradicionales, no es una suma de hechos aislados ni una exageración ciudadana, es la manifestación de una crisis profunda de gobernabilidad y falta de articulación entre autoridades, una crisis agravada por la ausencia de respuestas integrales frente a problemas sociales que se dejaron crecer hasta volverse inmanejables.

Las cifras hablan por sí solas, La población en situación de calle en Ibagué pasó de poco más de 500 personas en 2021 a cerca de 1.500 en 2025 e inicios de 2026, según registros de control político. Alrededor de 400 se concentran hoy en el centro de la ciudad, donde el consumo de bazuco es abierto, permanente y visible, incluso a plena luz del día y frente a la mirada impotente o indiferente de las autoridades. El dato más inquietante es que cerca del 70% u 80% de esta población sería foránea, es decir, personas que llegan desde otras ciudades sin ningún tipo de articulación institucional, convirtiendo a Ibagué en un receptor involuntario de una crisis nacional.

El consumo masivo de bazuco no es solo un problema de salud pública; es un factor directo de inseguridad. El bazuco genera dependencia severa, deterioro mental acelerado y comportamientos impulsivos que se traducen en riñas, hurtos, intimidación, apropiación violenta del espacio público y un problema de salud pública inevitable. Negarlo sería irresponsable. Cuando una ciudad permite que el consumo se normalice en plazas, parques y andenes, lo que se instala no es tolerancia, sino abandono del control territorial por parte de las autoridades que no controlan o atacan el microtráfico como principal hecho generador.

A esta situación se suma un episodio que simboliza el colapso de la respuesta estatal, el asentamiento de catorce familias indígenas Emberá en el sector del CAM, en el barrio La Pola. Más de cincuenta personas, incluidos niños, mujeres y adultos mayores sobreviven en cambuches improvisados, cocinando con leña, expuestos al invierno y usando baños precarios en plena vía pública. Es una tragedia humanitaria para ellos y una ruptura total de la convivencia para los vecinos. Aquí no hay ganadores ni perdedores, acá hay derechos vulnerados en ambos lados.

El problema no es la comunidad indígena ni los habitantes de calle. El problema es un Estado fragmentado, que llega tarde, actúa a medias y se limita a administrar la crisis. La Alcaldía, la Policía, las entidades de salud, el ICBF, la Unidad para las Víctimas y el Gobierno Nacional parecen moverse en carriles paralelos, sin una hoja de ruta común, sin plazos verificables y sin liderazgo claro. Mientras tanto, los operativos van y vienen, los espacios se “recuperan” por horas y vuelven a ocuparse al día siguiente. Eso no es política pública; es improvisación.

La inseguridad que hoy sienten los ibaguereños no surge solo del delito organizado. Surge del vacío de autoridad. Cuando el microtráfico se mueve con libertad en zonas estratégicas, cuando el consumo de droga se hace “como si nada”, cuando los parques dejan de ser lugares de encuentro y se convierten en focos de conflicto, el mensaje que recibe la ciudadanía es devastador, nadie gobierna el espacio público.

Pero también sería un error responder únicamente con mano dura. La experiencia demuestra que la represión sin rutas reales de atención fracasa. La ciudad necesita una estrategia integral y sostenida. Iniciando con un control efectivo del microtráfico y de los puntos de consumo, sin ambigüedades. Seguido a una ruta seria de atención en salud mental y adicciones, con capacidad real de desintoxicación, seguimiento y reintegración. Y refrendar acuerdos municipales y nacionales para frenar el traslado informal de habitantes de calle entre ciudades. Ibagué no puede cargar sola con un problema que es estructural.

En el caso de la comunidad Emberá, la solución pasa por decisiones firmes y humanas, albergue temporal digno inmediato, protección a la niñez y una definición clara de retorno o reubicación, liderada por la Nación. Prolongar la estadía en condiciones indignas solo profundiza el conflicto y erosiona la confianza ciudadana.

Ibagué está en una encrucijada. Puede seguir normalizando el caos, esperando que el tiempo resuelva lo que la política no ha querido enfrentar, o puede asumir que gobernar implica tomar decisiones difíciles, coordinar instituciones y recuperar el control del territorio con enfoque social y autoridad legítima. La ciudad no puede resignarse a vivir entre el miedo, la compasión mal gestionada y la impotencia.

Este no es un llamado a la exclusión ni al castigo indiscriminado. Es un llamado a la responsabilidad del Estado. Porque cuando la gobernabilidad falla, la inseguridad avanza, y los problemas sociales se convierten en conflictos urbanos que terminan pagando, sobre todo, los ciudadanos que aún creen que la ciudad puede y debe ser un lugar habitable.