Por estos días la reforma pensional es tema de discusión en los altos estrados del poder judicial, más que un asunto técnico o financiero y más allá de las discusiones jurídico-administrativas, estamos frente a un problema socioeconómico en el que se refleja un país que envejece en silencio, atrapado en un laberinto social donde el futuro se ve cada vez más estrecho para quienes hoy trabajan y sombrío para quienes nunca han tenido la oportunidad de hacerlo formalmente. Aunque el Congreso aprobó la reforma como Ley 2381 de 2024, su entrada en vigor prevista para julio de 2025 fue suspendida por la Corte Constitucional por irregularidades en su trámite. Mientras se resuelve su legalidad, el país sigue bajo el marco de la Ley 100 de 1993, un sistema desactualizado frente a la creciente informalidad y al envejecimiento acelerado.

Colombia ha dejado de ser un país joven y las cifras lo demuestran, la natalidad sigue cayendo, departamentos como Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima encabezan la lista de regiones con mayor envejecimiento poblacional, situación que amerita un profundo análisis estructural. En estos departamentos tradicionalmente agrícolas, miles de campesinos, en especial mujeres, han dedicado su vida entera al trabajo del campo, sin cotizar una sola semana al sistema pensional, condenados a envejecer en la informalidad, sin protección ni reconocimiento.

El problema principal radica en que la base de la pirámide poblacional se reduce, cada vez nacen menos niños y muchos jóvenes se encuentran atrapados en una doble trampa. Por un lado, son NINIS que “Ni estudian Ni trabajan”, desconectados de un sistema educativo desarticulado que no ofrece oportunidades reales y de un mercado laboral que no los necesita. Por otro lado, están los que logran insertarse en el mercado laboral, en su mayoría bajo un salario mínimo a partir de contrato laboral, otra parte lo hace bajo la modalidad de prestación de servicios (sector público), en ambos casos cotizar es un privilegio mientras dura, pero no un derecho garantizado.

Las dinámicas y fenómenos que han traído y traen las revoluciones industriales generan nuevas amenazas que condicionan el futuro laboral de millones, la inteligencia artificial IA. Con la aceleración tecnológica, muchos empleos tradicionales están desapareciendo o transformándose a gran velocidad, todo esto sin que el país haya iniciado una conversación seria sobre cómo proteger a su población activa ante esta disrupción. En este sentido surgen preguntas debemos traer a colación: ¿Se están haciendo estudios reales sobre comportamiento poblacional en los que se planteen escenarios en los que podamos anticipar? ¿Cómo cotizarán las nuevas generaciones si no hay empleos estables? ¿Cómo sostendrán los jóvenes a los adultos mayores si estos no tienen seguridad laboral ni pensional?

La situación es alarmante. Un sistema pensional basado en la cotización de unos para pagar la pensión de otros se vuelve inviable cuando los "unos" escasean, y los "otros" se multiplican. Es una ecuación imposible en la que existen menos jóvenes, hay más adultos mayores con expectativa de vida más alta, menor formalidad laboral y un evidente decrecimiento económico y estancamiento de la economía.

No todo está perdido. Si bien el panorama es complejo, aún estamos a tiempo de adoptar decisiones valientes y estructurales. Se requiere un cambio de enfoque, una reforma pensional realista que entienda la Colombia rural, informal, desigual y demográficamente envejecida.

Esa transformación debe comenzar por una visión integral de política pública que articule educación para la empleabilidad digital, programas de inclusión laboral en las zonas rurales a través de esquemas asociativos, una cultura del ahorro incentivada desde edades tempranas y un piso mínimo de protección para todos los ciudadanos sin importar su historial laboral. Asimismo, debe reconocerse y valorarse el trabajo no remunerado que por décadas han ejercido millones de mujeres en el campo, en el hogar o en actividades de subsistencia que han sostenido el tejido social sin haber recibido nunca un salario ni una cotización.

Esta transición exige también políticas que fomenten la economía del cuidado y promuevan la corresponsabilidad entre Estado, empresas y hogares. Muy a pesar de esta realidad, es evidente que cualquier intento por equilibrar esta balanza será inútil si no se confrontan de manera directa las decisiones contradictorias del propio Gobierno Nacional, como lo es la aprobada reforma laboral, una reforma que, lejos de corregir las distorsiones del mercado, amenaza con desincentivar aún más la contratación formal. Sectores como el hotelero, el de salud, los servicios de seguridad, de mesa y bar, que ya operan con altos niveles de informalidad, serán los más golpeados por estas medidas. Se está legislando de espaldas a la realidad productiva del país, afectando a las micro y pequeñas empresas, al emprendimiento y a la empleabilidad de millones. No se puede construir un sistema pensional sostenible mientras se asfixia al que debe alimentarlo, el empleo formal.

En pocas palabras, necesitamos una transición pensional justa y humana. No basta con cambiar los fondos o mover los umbrales de semanas cotizadas. Lo que hace falta es cambiar de paradigma, pensar en un país donde envejecer no sea un castigo y donde trabajar no sea un privilegio. Si no lo hacemos ahora, no habrá quién pague nuestras pensiones. “Sin una reforma pensional bien fundamentada nos estaremos condenando a envejecer en el olvido”.