La polémica de la semana en Ibagué giró en torno al cobro que quería hacer el IMDRI a los parqueaderos de los escenarios deportivos de la ciudad. Un contrato adjudicado a un tercero del que poco se conoce, pretendía sacarle el 80% de las ganancias durante 11 años al cobro del estacionamiento del Parque Deportivo y de las Piscinas de la 42, proceso que desencadenó en la indignación ciudadana, especialmente de padres de familia y deportistas que bloquearon durante tres días la ya congestionada Avenida Pedro Tafur, argumentando no tener dinero para cubrir ese gasto.

Aunque la alcaldesa Johana Aranda le hizo frente a la protesta desde el primer momento, la administración municipal tardó tres días para meter el reversazo, y frenar el leonino contrato del que muy seguramente no se ha dicho toda la verdad, pues no se entiende porque hay voces que afirman que la mandataria no tenía idea de la situación (algo que resulta difícil de creer) pero además de todo, no se entiende por qué la Alcaldía decidió otorgar en concesión dicho servicio de vigilancia a un privado sin una previa socialización y justificación, y de esa forma tan perjudicial para las finanzas de la ciudad.

Y es que, frente a lo ocurrido, es necesario hacer algunas precisiones. Personalmente puedo comprender que el IMDRI vea la necesidad de buscar la forma de obtener algunos recursos que permitan apalancar el mantenimiento y la vigilancia de los escenarios como sucede en algunas partes del mundo, más cuando se ha dicho que ese instituto está en crisis. Sin embargo, la manera en que pretendían hacerlo a todas luces perjudicaba a la ciudadanía y especialmente a los deportistas de los que tanto se ufanan los gobernantes cada que alcanzan una medalla o ganan un campeonato. No se explica tampoco la falta de cultura ciudadana, de personas que trabajan cerca al entorno de dichos escenarios, que según versiones los han cogido de parqueadero, aprovechando la gratuidad de los mismos, razón que argumentaron algunos defensores de la administración municipal, para defender lo indefendible con la iniciativa.

Hoy, aunque con el contrato liquidado antes de que iniciara por cuenta de las manifestaciones ciudadanas, es necesario preguntar: ¿a quién se le ocurrió semejante adefesio? ¿a quién querían beneficiar? Si el IMDRI o la administración municipal están escasos de recursos, ¿por qué la lista de contratistas en el SETP y en otras dependencias ha aumentado considerablemente? Creo que más allá del anuncio que ya el contrato no va, la ciudad merece explicaciones más a fondo. No puede ser posible que tengamos tres días de bloqueo, y la respuesta sea que ya la alcaldía cumplió su palabra, defendiendo a los deportistas, cuando fueron los mismos funcionarios municipales quienes generaron el problema.

Lo sucedido seguramente deberá tener repercusiones al interior del gabinete municipal, pues pareciera que de la purga que ha hecho la alcaldesa, todavía hay gente que no está en sintonía con la mandataria, y la sigue haciendo quedar mal ante la ciudad. Alcaldesa, por favor siga apretando tuercas.