Colombia está poniendo en riesgo la caficultura, un patrimonio económico, social y cultural que representa el ADN de nuestra raza. No se trata simplemente de una mala cosecha, de un dólar desfavorable o de la volatilidad de los mercados internacionales. Estamos frente a una acumulación de problemas estructurales que amenazan la sostenibilidad de miles de familias campesinas, mientras el país discute nuevas cargas tributarias sobre una actividad que necesita exactamente lo contrario, apostar por mayor productividad, inversión y competitividad.

Las cifras son contundentes, según la Federación Nacional de Cafeteros, entre noviembre de 2025 y octubre de 2026 la producción nacional cayó de 14,74 a 12,56 millones de sacos. Perdimos 2,18 millones de sacos, una contracción del 15 %. Las exportaciones disminuyeron un 11 % en volumen. No estamos hablando de una variación marginal, sino de una señal de deterioro que debería encender las alarmas de toda la política agropecuaria nacional.

Y mientras producimos menos, el campo también pierde trabajadores. Según el balance oficial del mercado laboral, las actividades agropecuarias registraron 184.000 ocupados menos en septiembre de 2026 frente al mismo mes del año anterior, con una informalidad sectorial cercana al 86 %. Aunque no todos corresponden a la caficultura, la cifra refleja una preocupante realidad. En departamentos como Huila, Tolima, Cauca y Nariño, la violencia, los bajos ingresos y la falta de oportunidades aceleran el abandono rural Es una deuda histórica del Estado colombiano. ¿Quién recogerá las cosechas de mañana si los jóvenes siguen abandonando el campo? No hay estrategias reales para garantizar relevo y empalme generacional, los jóvenes no ven una oportunidad real en el campo. 

A esta realidad se añade una ecuación económica cada vez más difícil. El caficultor enfrenta elevados costos de fertilizantes, mano de obra, transporte, energía y beneficio, que continúan presionando sus márgenes. Cuando el dólar disminuye frente al peso, el ingreso cafetero puede resentirse, mientras los insumos no bajan al mismo ritmo. El productor queda expuesto a un mercado internacional volátil y a unos costos nacionales que comprometen su rentabilidad.

El panorama externo tampoco concede tregua. Brasil y Vietnam operan con escalas productivas, tecnologías y estructuras de costos que ejercen una influencia decisiva sobre el mercado mundial. El precio de referencia del café arábica se negocia mediante el contrato C de Nueva York, al cual Colombia está expuesta, aunque nuestro café puede recibir diferenciales por origen y calidad. No estamos condenados a vender toda nuestra producción al mismo precio, pero sí necesitamos una estrategia mucho más agresiva de diferenciación, transformación y comercialización.

Aquí aparece otra pregunta incómoda: ¿por qué seguimos dependiendo tanto de sistemas tradicionales de recolección y beneficio mientras otros competidores avanzan en mecanización, automatización y economías de escala? Nuestra topografía y el predominio de pequeñas fincas impiden copiar mecánicamente el modelo brasileño. Sin embargo, eso no justifica renunciar a centrales compartidas de beneficio y secado, tecnologías apropiadas, renovación de cafetales, investigación aplicada y servicios de mecanización adaptados a la montaña.

Cenicafé representa un patrimonio científico que debemos fortalecer, no desconocer. El verdadero desafío consiste en lograr que la investigación llegue más rápidamente a las fincas, se traduzca en productividad medible y responda a los nuevos riesgos climáticos. Lluvias extremas, sequías, alteraciones de floración y enfermedades obligan a acelerar la adaptación. La ciencia que no llega al productor pierde buena parte de su valor económico y social.

En medio de semejante coyuntura, resulta preocupante la propuesta de elevar al 19 % el IVA sobre diferentes eslabones de la cadena cafetera. Asoexport advierte que gravar las compras internas de café verde afectaría la liquidez exportadora, mientras el incremento sobre el café tostado encarecería la transformación nacional y perjudicaría a pequeños emprendimientos. Un rotundo NO al IVA del 19 % en las condiciones planteadas. No porque el país pueda ignorar sus dificultades fiscales, sino porque recaudar a costa de la competitividad puede terminar debilitando una actividad estratégica para Colombia.

Los territorios cafeteros ya muestran señales de alerta. En Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, las exportaciones de café verde pasaron de aproximadamente 894 millones de dólares entre enero y septiembre de 2025 a 689 millones en igual período de 2026. La caída regional del 23 % en valor demuestra que el problema trasciende las estadísticas nacionales y afecta economías locales enteras.

Colombia necesita una política cafetera de nueva generación, más renovación productiva de cafetales envejecidos, financiación accesible, seguros climáticos, formación de jóvenes, infraestructura rural, transferencia tecnológica efectiva, agroindustria regional y una estrategia comercial que permita capturar más valor por cada libra exportada. También necesita reconocer que la caficultura es seguridad alimentaria territorial, empleo rural y cohesión social.

Porque cuando desaparece un caficultor no solamente perdemos una cosecha, perdemos una familia arraigada al territorio, conocimiento acumulado durante generaciones y una parte del futuro rural de Colombia. Y ese costo no lo recupera ningún impuesto.