La decisión judicial se presentó por hechos ocurridos entre agosto y diciembre de 2009, cuando Torres Núñez figuró como docente, al parecer, con una identidad falsa a nombre de Aldemar Gaviria Herrera, para recibir pagos por concepto de salario y prima de diciembre, para una apropiación total de 11 millones de pesos.

Supuestamente, el indiciado acudió a un tercero identificado como César Augusto Martínez Ángel, quien sería el encargado de la adulteración de bases de datos, incluyendo notas falsas sobre decretos de nombramiento, actas de posesión y cuentas bancarias.

Torres Núñez solicitó a una entidad bancaria un préstamo de dinero presentando como soporte los desprendibles de los pagos efectuados durante estos meses.