La Procuraduría General de la Nación advirtió riesgos en la gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, por la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales con la Sociedad Colombiana de Ingenieros.  

Los requerimientos hechos por el ente de control a la entidad evidenciaron, al parecer, una presunta vulneración al principio de autonomía de las entidades territoriales y al principio de autonomía de la voluntad de las partes en los contratos estatales, pues la ANI no tiene potestad para evaluar proyectos en los que no funge ni como contratista ni como contratante.

Este anuncio del Ministerio Público tiene que ver con la consulta que se elevó por parte de la ANI a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, sobre el trazado de la primera línea del Metro para Bogotá.

Asimismo, advierte la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública que la entidad habría desconocido el Estatuto de Contratación Pública al escoger al contratista sin respetar la pluralidad de oferentes, el concurso de méritos y el principio de transparencia. 

Ante los hechos, luego de evaluar los documentos del proceso de contratación y las respuestas de la ANI, se observaron actuaciones que pueden derivar en presuntas irregularidades, las cuales fueron consignadas en un informe con el fin de que el ente de control, por medio de la investigación disciplinaria, determine la posible comisión de faltas disciplinarias y sus respectivas sanciones.