Organizaciones sociales ven con preocupación el actual contexto de violencia  en el país y los ataques a la educación que no cesan, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc-EP.

La Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques, en su informe de 2022, expone que las instancias de ataques a la educación y uso militar aumentaron a nivel global durante 2020 y 2021, comparado con los dos años inmediatamente anteriores. 

En este informe, Colombia aparece como uno de los países más afectados por las dinámicas de reclutamiento, uso y utilización en escuelas o en el trayecto desde y hacia ellas; denuncias de violencia sexual perpetrada por actores armados en entornos educativos; asesinatos y amenazas al personal educativo; uso militar de escuelas y universidades; y ataques sobre la educación superior.

En el mismo sentido, entre enero y junio de 2022, el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalico, ONCA, identificó al menos 16 eventos relacionados con ataques y ocupación de instituciones educativas presentados particularmente en la zona norte y pacifico del país, debido al paro armado y confrontaciones armadas llevadas a cabo por el Clan del Golfo y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.

La Constitución Nacional en el artículo 44 consagra la prevalencia de los derechos de niños y niñas, por lo que es un deber de la familia, sociedad y el Estado proteger espacios que permitan su desarrollo armónico e integral. Los entornos educativos cumplen un rol fundamental para la protección de derechos y la prevención de cualquier tipo de violencia.