A tres meses exactos del devastador terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el panorama para las comunidades afectadas sigue siendo alarmante. 

Un informe de seguimiento de la Defensoría del Pueblo revela que las promesas institucionales chocan contra un muro de trabas burocráticas, fallas en los registros de damnificados y una preocupante falta de recursos económicos.

De acuerdo con el Registro Único de Damnificados, RUD, la tragedia ha dejado un saldo desolador de 363.791 familias y 776.119 personas impactadas. 

Las cifras de infraestructura destruida muestran 19.149 viviendas colapsaron por completo, 104.049 quedaron totalmente inhabitables y 119.748 sufrieron daños severos. 

Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, contabiliza 334 personas fallecidas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas. La onda expansiva de la emergencia también destruyó o dañó 406 centros de salud, 4.438 establecimientos educativos y 6.087 centros comunitarios, además de innumerables vías, acueductos y puentes.

Un abismo financiero: faltan más de $50 billones

El obstáculo más grande para la reconstrucción radica en la financiación. Aunque el costo estimado del proceso de recuperación asciende a $58,29 billones, las arcas oficiales y los anuncios de cooperación apenas suman $8,21 billones.

Esto deja una brecha crítica de $50,08 billones sin financiar en el Plan de Acción Específico, PAE. 

La Defensoría advirtió que muchos de los recursos anunciados por entidades públicas y empresas privadas carecen de claridad sobre su disponibilidad real o ejecución presupuestal efectiva, convirtiendo el plan en una hoja de ruta con más expectativas que fondos reales.

Laberintos burocráticos y crisis en vivienda y albergues

Para miles de familias damnificadas, acceder a las ayudas estatales se ha convertido en una odisea debido a las fallas en el Registro Único de Damnificados, RUD. 

Al no existir una ruta ágil para incorporar nuevos registros o corregir errores posteriores al cierre, miles de hogares han quedado excluidos de los beneficios.

Las fallas territoriales son evidentes:

En Risaralda se concentran más de 70.000 inconsistencias en las clasificaciones de habitabilidad.
En Pereira, miles de familias seguían a la espera de cobrar sus apoyos económicos meses después de la tragedia.
El subsidio de arrendamiento, tasado en $1.050.000 mensuales por solo tres meses, resulta insuficiente frente a reconstrucciones que tardarán entre 12 y 18 meses, empujando a muchos a retornar a viviendas inseguras.
En los albergues temporales activos en Buenaventura, Quindío y Risaralda, operan 15 espacios que albergan a cientos de personas en medio de vacíos normativos para su cierre y graves deficiencias de infraestructura.
Salud y educación en la cuerda floja

La red hospitalaria y escolar opera a media marcha. En el Quindío, el Hospital La Misericordia de Calarcá funciona con daños estructurales en muros y una reducción del 50 % en su capacidad operativa. A esto se suman suspensiones de servicios a EPS en centros como el Hospital Universitario San Jorge en Risaralda.

En el sector educativo, miles de niños siguen sin retornar a aulas seguras. En el Valle del Cauca, cerca de 69.000 estudiantes continúan en esquemas no presenciales, mientras que en Calarcá más de 1.000 alumnos de la institución educativa San Bernardo reciben clases hacinados en 81 carpas improvisadas, careciendo de servicios sanitarios adecuados, drenajes y enfrentando denuncias por irregularidades y retrasos en el Programa de Alimentación Escolar, PAE.

Población vulnerable y economía local desprotegida

El informe especial de seguimiento destaca que las mujeres, niñas, niños, adolescentes y las comunidades étnicas enfrentan barreras profundas para activar rutas de protección contra violencias basadas en género o para ser reconocidos formalmente en los censos de ayuda.

Finalmente, los pequeños emprendedores, los trabajadores informales y la población campesina reclaman con urgencia planes de reactivación económica que eviten que la catástrofe natural derive en una crisis social y de pobreza crónica permanente en las regiones impactadas.

La opacidad en los recursos y las recomendaciones clave de la Defensoría

Más allá del abismo financiero que representan los $50,08 billones faltantes en el Plan de Acción Específico, el informe advierte sobre una preocupante falta de certeza presupuestal. 

De acuerdo con las verificaciones, la única fuente que cuenta con un monto y un cronograma ciertos corresponde a una adición al Presupuesto General de la Nación por $624.656 millones, proveniente de un crédito contingente otorgado por el Banco Mundial.

Asimismo, se encendieron las alarmas en torno al Fondo Milagro —entidad creada para centralizar y administrar los recursos de asistencia humanitaria, reconstrucción y reactivación económica—. 

Según el documento, existen marcadas dificultades de articulación entre este fondo, el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, y las demás instancias del Sistema Nacional, por lo que se urge a fortalecer la participación directa de la UNGRD en la priorización de las intervenciones.

Principales recomendaciones para superar la crisis

Ante este panorama crítico, la Defensoría del Pueblo insiste en que la respuesta estatal no puede limitarse a la asistencia de emergencia, sino que debe evolucionar hacia soluciones sostenibles que garanticen el restablecimiento integral de los derechos de las comunidades afectadas. Entre sus directrices y recomendaciones principales se destacan:

Ajuste en registros y subsidios: Establecer una ruta extraordinaria de actualización y corrección en el Registro Único de Damnificados (RUD) para mitigar el subregistro y los daños por réplicas, además de garantizar subsidios de arrendamiento acordes a los costos reales y a los prolongados tiempos de reconstrucción.

Albergues y habitabilidad: Condicionar el cierre de alojamientos temporales a la entrega previa de alternativas habitacionales dignas y seguras.

Educación y salud prioritarias: Agilizar diagnósticos y presupuestos para recuperar instituciones educativas y centros de desarrollo infantil —asegurando la continuidad escolar y el PAE sin fallas—, así como rescatar la capacidad operativa de la red hospitalaria y ampliar la atención psicosocial.

Enfoques diferenciales y territoriales: Incorporar criterios específicos para la protección de pueblos étnicos, mujeres, niñez, adolescentes, personas mayores y con discapacidad. De igual forma, se exige reconocer bajo un enfoque diferencial a las víctimas del conflicto armado, firmantes del Acuerdo de Paz y personas en proceso de reincorporación.

Movilidad humana y doble afectación: Identificar de manera temprana a aquellas comunidades que, a causa del sismo, enfrenten situaciones añadidas de desplazamiento forzado, confinamiento o migración.

Finalmente, el organismo concluye que la mayor lección que deja esta catástrofe es la imperiosa necesidad de adoptar la gestión del riesgo de desastres como una política de desarrollo sostenible, blindada legal y financieramente para anteponer siempre la vida y los derechos de los ciudadanos.