Una nueva controversia política se desató alrededor de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes luego de que el exministro Luis Felipe Henao presentara una denuncia penal contra la congresista Gloria Arizabaleta. La acción judicial fue radicada ante la Corte Suprema de Justicia y está relacionada con un auto en el que la representante propuso la suspensión del presidente Gustavo Petro por una presunta participación en política.

Según Henao, la actuación de Arizabaleta podría constituir el delito de prevaricato por acción, al considerar que la congresista habría excedido las facultades que le otorga la ley. En el documento, el exministro sostiene que la medida planteada carece de sustento jurídico y que la representante no tendría competencia para ordenar una separación temporal del jefe de Estado.

La denuncia también cuestiona la naturaleza jurídica del auto presentado por la congresista. De acuerdo con Henao, la decisión fue presentada como una resolución de sustanciación cuando, a su juicio, se trata de una medida de carácter interlocutorio debido a los efectos que tendría una eventual suspensión presidencial.

Otro de los argumentos expuestos señala que la providencia no presenta pruebas suficientes ni una justificación detallada que permita sustentar la necesidad de una medida de esa magnitud. El exministro asegura que el documento no demuestra cómo la permanencia del mandatario en el cargo podría afectar el desarrollo de la investigación o facilitar la repetición de la conducta que se le atribuye.

Dentro de las solicitudes elevadas ante la Corte Suprema, Henao pidió escuchar en entrevista o versión libre a Gloria Arizabaleta y a los funcionarios que participaron en la elaboración y trámite del auto. Mientras avanza el estudio de la denuncia, la polémica continúa alimentando el debate político y jurídico sobre los alcances de las competencias de la Comisión de Acusaciones frente a investigaciones que involucran al presidente de la República.