La polémica por las fotomultas en Colombia tomó un giro histórico luego de que el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaran la invalidación de más de 5,8 millones de comparendos emitidos mediante cámaras de detección electrónica. La decisión surge tras detectar posibles irregularidades técnicas y legales en 37 organismos de tránsito del país, situación que podría desencadenar millonarias devoluciones de dinero a conductores afectados.

Según las autoridades, la investigación reveló que numerosas cámaras operaron sin cumplir requisitos exigidos por la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte. Entre las fallas detectadas estaría la ausencia del denominado “concepto de desempeño”, certificado expedido por el Instituto Nacional de Metrología que valida la legalidad y confiabilidad de estos sistemas tecnológicos.

El Gobierno informó que más de 1,5 millones de fotomultas ya fueron pagadas por ciudadanos, representando recaudos superiores a 1,05 billones de pesos. Ahora, los organismos investigados podrían verse obligados a devolver esos recursos. Además, enfrentarían sanciones económicas que superarían los 2,1 billones de pesos por las presuntas irregularidades detectadas durante las investigaciones.

Entre las ciudades con mayor cantidad de comparendos bajo revisión aparecen Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla. Las autoridades también mencionaron municipios como Villavicencio, Montería, Sincelejo, Soledad y Valledupar dentro de los procesos administrativos. La medida beneficiaría potencialmente a más de 1,4 millones de ciudadanos en diferentes regiones del país.

Frente a la devolución del dinero, expertos recomiendan a los conductores conservar soportes de pago, consultar el estado de sus comparendos en las plataformas oficiales de tránsito y estar atentos a los lineamientos que emitan las autoridades en los próximos días. Aunque aún no existe un procedimiento único definido, el Gobierno aseguró que avanzará en las actuaciones administrativas para garantizar el debido proceso y proteger los derechos de los ciudadanos afectados.