El Consejo de Estado dejó en firme la suspensión del decreto que establecía un incremento del 23,7% al salario mínimo para 2026, al desestimar los recursos de reposición y aclaración que buscaban reversar la medida cautelar. Con esta decisión, el alto tribunal ratificó que la norma expedida por el Gobierno Nacional continúa sin efectos mientras se resuelve de fondo la legalidad del acto administrativo.

La decisión mantiene vigente la medida adoptada en febrero sobre el Decreto 1469 de 2025, que había sido demandado por presuntas inconsistencias en los criterios técnicos utilizados para fijar el incremento salarial. En ese contexto, el tribunal reiteró que el Ejecutivo deberá expedir un nuevo decreto que contemple un aumento transitorio, ajustado a los parámetros legales establecidos.

El fallo también precisó que el tribunal sí tiene la facultad de ordenar este tipo de medidas sin que ello implique invadir competencias del Ejecutivo. Según explicó el despacho del magistrado Juan Camilo Morales, la instrucción busca garantizar la efectividad de una eventual sentencia definitiva, evitando vacíos normativos en la fijación del salario mínimo.

La controversia se intensificó luego de que ciudadanos y el propio Gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, cuestionaran la decisión judicial. Incluso, desde el Ministerio de Hacienda se argumentó que ordenar la expedición de un nuevo decreto excedía el alcance de una medida cautelar y podía afectar la estabilidad macroeconómica del país.

No obstante, el Consejo de Estado concluyó que los argumentos presentados en los recursos carecían de sustento jurídico y reafirmó su competencia para adoptar decisiones provisionales en este tipo de procesos. Así, mientras se emite un fallo de fondo, el Gobierno deberá definir un nuevo incremento basado en criterios legales, sin que el tribunal haya fijado un porcentaje específico para el ajuste salarial.