La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, lanzó un contundente llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República durante el debate de control político realizado en la Comisión Quinta del Senado. Su principal preocupación: evitar que el sur del departamento vuelva a quedar a merced de las estructuras dedicadas a la explotación minera ilegal.

La primera autoridad del departamento insistió en que los operativos adelantados en Ataco y otros sectores del sur del Tolima no pueden convertirse en acciones aisladas. Advirtió que, después de recuperar el control territorial y desalojar a cerca de mil personas en una misma operación, las autoridades deben garantizar presencia permanente de la Fuerza Pública, vigilancia y seguimiento.

La mandataria también reveló las dificultades que enfrenta el personal de tránsito en la zona. Según explicó, algunos agentes han manifestado temor de continuar con los controles viales ante posibles ataques con drones. Por eso, pidió no retirar el acompañamiento institucional y militar en un territorio que todavía enfrenta amenazas.

Uno de los puntos más fuertes de su intervención estuvo relacionado con la legislación minera. Matiz sostuvo que Colombia necesita modificar las normas actuales para diferenciar la minería de subsistencia de la explotación criminal mecanizada. También pidió fortalecer la trazabilidad del oro, controlar maquinaria, combustibles e insumos y perseguir a quienes compran, transportan y comercializan los recursos provenientes de estas actividades.

La gobernadora cuestionó además que, después de los desalojos en zonas públicas, quienes desarrollan estas actividades estén trasladando sus cambuches a predios privados. Esta situación, según advirtió, limita la capacidad de intervención de las autoridades y evidencia la necesidad de herramientas jurídicas más efectivas.

El mensaje político de Matiz Vargas ante los senadores fue directo: los esfuerzos realizados en el sur del Tolima podrían perderse si no existe una estrategia sostenida. Por eso, pidió respaldo del Congreso para impulsar una reforma minera que responda a las realidades de los territorios. Cerró con una advertencia: la protección de la naturaleza no necesita padrinos políticos, sino instituciones que cumplan, autoridades que actúen y leyes que funcionen.