En cumplimiento de sus funciones de vigilancia preventiva, protección de los derechos de la infancia, la mujer y la gobernanza territorial, la Procuraduría General de la Nación realizó visitas a diversos municipios de Córdoba. 

El objetivo fue verificar el estado de los albergues y corroborar la atención proporcionada a los damnificados por parte de entidades gubernamentales clave, incluyendo el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Igualdad y Equidad, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación Nacional, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

El recorrido se desarrolló con ocasión de la emergencia invernal que ha afectado gravemente al departamento y generado impactos sociales, ambientales y económicos de gran magnitud, con familias damnificadas, territorios inundados y afectaciones en infraestructura educativa y productiva.

En el municipio de Canalete, las delegadas para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer y para la Gestión y la Gobernanza Territorial (e) de la Procuraduría, visitaron varios albergues y conocieron el censo actual, donde se cuentan más de 14 mil damnificados, 273 viviendas totalmente destruidas, más de 1.400 casas averiadas y otras 700 no habitables. 

"El caso de Canalete es diferente a los demás municipios afectados en Córdoba, porque hubo una avalancha que arrasó los barrios Berlín y Villa Olímpica, y dejó incomunicado el corregimiento de Popayán", explicó la delegada María Fernanda Rangel Esparza durante el recorrido realizado.  

La comisión de la Procuraduría visitó también los municipios de Tierralta, Puerto Libertador, Valencia, Cereté, Lorica y San Pelayo, con acompañamiento de los procuradores regionales y provinciales de Córdoba y Sucre.

Además, en Montería, según cifras reportadas por las autoridades municipales, la emergencia invernal dejó 14.752 familias afectadas, cifra equivalente a 43.511 personas damnificadas, y 39 mil hectáreas productivas totalmente destruidas.

Con este recorrido, el Ministerio Público busca garantizar que los refugios cumplan con las condiciones necesarias para la protección integral de la población en especial de la Infancia, verificando aspectos de infraestructura, atención psicosocial, acceso a servicios básicos y acompañamiento institucional.

La Procuraduría reafirma su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de los menores de edad y con la vigilancia activa de las entidades responsables de su cuidado y protección.