Ante las amenazas presidenciales sobre una eventual decisión de liquidar de manera generalizada y apresurada las Entidades Promotoras de Salud, EPS, bajo medida de intervención, las organizaciones que conforman el Pacto por la Salud advirtieron sobre los graves riesgos, implicaciones y crisis que una medida de este tipo podría desencadenar en el sistema de salud colombiano.

Considera la organización civil que señalar que las EPS, con todas sus heterogeneidades y dificultades, cumplen hoy funciones esenciales: la gestión del riesgo en salud, la organización de redes de prestación, la articulación entre niveles de atención, la garantía de continuidad de tratamientos y el pago a miles de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS.

Eliminar de forma abrupta esos agentes, sin un sustituto operativo probado, generaría un vacío funcional inmediato que el Estado no está en capacidad de asumir. No hay institución del Gobierno nacional o regional que hoy tenga la capacidad operativa para atender de manera directa y simultánea la administración, autorización, auditoría y pago de millones de servicios de salud en todo el país, señala.

Impacto de una liquidación

Una liquidación de las EPS intervenidas tendría impactos directos sobre los pacientes, especialmente sobre aquellos con enfermedades huérfanas, crónicas, de alto costo o que requieren tratamientos continuos. 

Se incrementarían los riesgos para la entrega oportuna de medicamentos, la realización de procedimientos vitales y la continuidad clínica, con efectos previsibles en morbimortalidad y en la saturación de los servicios de urgencias.

Los efectos financieros serían severos. 

Aunque los recursos de la Unidad de Pago por Capitación seguirían fluyendo, la disminución o ausencia abrupta de pagadores organizados rompería la cadena de desembolsos. 

Millones de ciudadanos y miles de hospitales y clínicas quedarían sin un interlocutor claro, profundizando la crisis humanitaria y de liquidez, el cierre de servicios y el deterioro de las condiciones laborales del talento humano en salud.

El problema es financiación

Para la organización civil, la crisis actual del sistema de salud se ha originado en la insuficiencia de financiación del sistema; en la falta de cumplimento de los Autos de la Corte Constitucional por parte del ministerio de Salud; en deficiencias regulatorias; en fallas en la supervisión, así como en la politización, que no ha reconocido las advertencias técnicas, administrativas y judiciales hechas por la sociedad civil del sector salud y por las entidades de control del Estado.

Liquidar EPS de manera precipitada no constituye una reforma, sino un desmantelamiento muy riesgoso del sistema de salud. Cualquier transformación responsable exige una aprobación legal previa y una transición gradual, técnicamente sustentada, con modelos alternativos probados, suficiencia financiera garantizada y una adecuada asignación de responsabilidades.

Mientras este distractor se discute públicamente, el sistema de salud sigue su deterioro. Las PQRS y las tutelas crecen de manera exponencial a cifras que no se habían presentado nunca en el sistema.

Las deudas del gobierno nacional al sector salud se incrementaron al cierre de 2025 por el incumplimiento del mandato de la Corte y porque están atrasados los desembolsos de presupuesto máximo de ese año en más de 2 billones de pesos. 

Las definiciones gubernamentales sobre la actualización de la UPC 2026 determinan una desfinanciación adicional que no cubre las necesidades de atención del régimen contributivo y subsidiado; ni las ampliaciones de cobertura e inclusiones de servicios en el plan de beneficios 

Según Pacto por la Salud, el presupuesto máximo previsto para el presente año es apenas el 25 por ciento de lo requerido para pagar las atenciones no cubiertas por la UPC de los pacientes con enfermedades huérfanas y de muy alto costo. Además, el incremento excesivo del salario mínimo -que no estaba previsto en el cálculo de la UPC- aumentará los costos de operación del sistema y deteriorará la UPC establecida.

Por último, los ataques personales, las ofensas, las acusaciones sin respaldo o la lucha de clases, no son los caminos para solucionar los retos que el sistema de salud tiene. Apelar a ellos demuestra la ausencia de argumentos y la incapacidad de sostener planteamientos con razones o evidencia, e indican que no se busca aclarar y discernir sobre las soluciones, sino eliminar simbólicamente al contradictor.

El derecho fundamental a la salud de los colombianos no puede ponerse en riesgo por decisiones improvisadas, ideológicas o carentes de sustento técnico. La salida a la crisis requiere diálogo, rigurosidad y responsabilidad institucional; no es con atajos que profundicen la incertidumbre y el sufrimiento de la población y los trabajadores de la salud.