Más de 5 millones de personas aún carecen de agua potable, cerca de 12,5 millones no cuentan con alcantarillado sanitario y 8,6 millones carecen del servicio de recolección de basuras, así lo anunció la Contraloría General de la República.

La revelación fue hecha durante el Foro 30 años de la Ley 142: desigualdades en agua y saneamiento básico en las regiones. Entre 1993 y 2024, la cobertura de acueducto urbano aumentó apenas un 3,2 %, en alcantarillado un 11,8 % y en recolección de basuras un 16,1%.

La primera gran deficiencia que ha identificado la Contraloría General es la inequidad territorial: en 2024, la brecha urbano-rural en acueducto fue del 36%, en alcantarillado del 78,4 % y en aseo del 67,5 %” y aseguró que la Amazonía sigue rezagada con apenas un 46,8 % de cobertura en acueducto, frente al 93,6 % en la Región Andina.

Reducción presupuestal 2026

El órgano de control advirtió que el Presupuesto General de la Nación 2026 contiene una reducción del 53 % en los recursos de inversión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio destinados a agua, saneamiento y gestión integral de residuos. El monto pasará de 1,5 billones de pesos en 2025 a solo 0,7 billones en 2026, lo que representa una disminución cercana a 800 mil millones de pesos.

A esta reducción se suma la baja ejecución presupuestal. Con corte al 18 de septiembre de 2025, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio solo había ejecutado el 23 % de su inversión, y para el componente de agua, saneamiento y basura cero, el 22 %.

De mantenerse esta tendencia, se verá comprometida la capacidad institucional para garantizar cobertura, continuidad y calidad en los servicios públicos de este sector, afectando los avances logrados y profundizando las brechas regionales.

La Contraloría General de la República ha ejecutado un seguimiento riguroso a los recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, los Planes Departamentales de Agua (PDA) y el Sistema General de Regalías, SGR. 

De 684 plantas de tratamiento de aguas residuales evaluadas, solo el 39 % opera efectivamente, mientras el resto presenta fallas estructurales o abandono, lo que conduce al vertimiento de aguas contaminadas en ríos y mares.

Entre 2020 y el primer semestre de 2025, se realizaron 40 auditorías al SGP con 137 hallazgos fiscales por $75.515 millones, y 71 auditorías a los PDA con 231 hallazgos fiscales por $197.053 millones.

En cuanto a los recursos provenientes de regalías se han vigilado 174 proyectos valorados en $1,1 billones, de los cuales se identificaron hallazgos con incidencia fiscal por $170.664 millones. 

En total, los ejercicios de control fiscal a estas tres fuentes de financiamiento suman hallazgos fiscales por más de $443.232 millones.

Para finalizar, la Contraloría destacó que seguirá cumpliendo su mandato de vigilar los recursos públicos, pero nuestro trabajo debe convertirse en un instrumento para corregir, anticipar riesgos y garantizar que las políticas públicas lleguen a quienes más lo necesitan.