En mesas de trabajo técnicas, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico analiza las observaciones clave de los procesos de participación ciudadana en la construcción de estos servicios. 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, UAE -CRA, recordó que el proceso de recepción de aportes de la ciudadanía se abrió desde finales de julio pasado, luego de un proceso de cerca de cinco años de evaluación técnica, análisis económicos y operativos, estudios de costos, proyecciones de demanda y evaluación de sostenibilidad, realizados con fuentes primarias y secundarias y con información suministrada por los prestadores de los servicios y por consultorías, encuestas,  entre otros. 

En este sentido, la directora Ejecutiva de la CRA, Nelly Mogollón Montañez, recalcó que “los nuevos marcos tarifarios son el resultado de años de estudios que permitieron diagnosticar la calidad en la prestación de estos servicios y las realidades del mercado, en un ejercicio riguroso que incluyó a las regiones y territorios”.

Así mismo, explicó que los proyectos están basados en mejorar la calidad de los servicios y su sostenibilidad, de esta manera se trabaja para cumplir el compromiso del gobierno del cambio de garantizar que el precio de los servicios que los usuarios paguen corresponda efectivamente con la calidad, cobertura y continuidad en la prestación de los mismos. Así mismo, que los prestadores de los servicios reciban ingresos que remuneren sus costos, con una rentabilidad razonable a sus inversiones. 

Igualmente, en el servicio de aseo, la propuesta regulatoria también se fundamenta y da cumplimiento a los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional orientados a la inclusión de los recicladores de oficio en la actividad de aprovechamiento. 

Durante las mesas de trabajo también se resaltó que la Comisión realizó, de manera presencial, eventos regionales en cinco nodos, Santa Marta, Medellín, Cali, Villavicencio y Bogotá, que le dieron la posibilidad de participar a las organizaciones de usuarios, de recicladores, a los prestadores de los servicios y a la sociedad civil para plantear sus inquietudes y aportes.

Este diálogo, respaldado por la publicación de documentos técnicos, constituye una garantía de transparencia y construcción colectiva en la elaboración del nuevo marco regulatorio, promoviendo decisiones fundamentadas y orientadas al bienestar de todos los colombianos.