El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, revocando la condena de 12 años de prisión domiciliaria que había sido impuesta por la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

La Sala Penal del Tribunal concluyó que no se acreditó la responsabilidad de Uribe más allá de toda duda razonable y que la sentencia de primera instancia incurrió en “errores metodológicos, falacias interpretativas y valoración sesgada de pruebas”. En consecuencia, el alto tribunal ordenó la absolución del exmandatario, quien recupera así su condición de inocente en el proceso penal que se adelantaba en su contra.

Durante la lectura del fallo, el magistrado Manuel Antonio Merchán afirmó que la decisión de primera instancia carecía de rigor probatorio y que se basó en interpretaciones “falaces y metodológicamente defectuosas”. Aseguró que el fallo de la jueza Heredia confundió el interés de Uribe por obtener pruebas lícitas con una supuesta intención dolosa, sin que existiera evidencia de que el expresidente hubiera inducido a testigos a mentir.

Merchán también precisó que las conversaciones interceptadas no demostraban órdenes ilícitas y que quienes tuvieron contacto con Uribe negaron haber recibido instrucciones para alterar la verdad. Añadió que la llamada del 26 de marzo fue malinterpretada, pues Uribe no afirmaba la presión de Iván Cepeda sobre testigos, sino que preguntaba por ella, y la expresión “eso ayuda mucho” se refería a la aclaración de los hechos, no a inducir falsedad.

El Tribunal extendió la absolución a los episodios relacionados con los testigos Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés Velasco, alias “Diana”, determinando que no hubo pruebas que demostraran ofrecimientos ilícitos por parte del exmandatario o de su abogado, Diego Cadena, por instrucción suya.

La decisión revoca en su totalidad la condena dictada en agosto por la jueza Heredia, quien había impuesto a Uribe una pena de prisión domiciliaria, multa superior a 3.400 millones de pesos e inhabilidad para ejercer cargos públicos. El Tribunal concluyó que las pruebas no sustentaban la hipótesis de manipulación de testigos ni los delitos imputados, cerrando así uno de los procesos judiciales más polémicos en la historia reciente del país.