La Defensoría del Pueblo logró que se adoptaran dos decisiones judiciales que conceden la pena sustitutiva de utilidad pública a mujeres privadas de la libertad. Ambos casos, liderados por una defensora pública de la Regional Bogotá, permitieron que dos madres cabeza de hogar recobraran su libertad y accedieran a una alternativa restaurativa y reparadora.

En ambos casos, las mujeres enfrentaban sentencias por delitos menores relacionados con hurto y, antes de la comisión de los hechos, vivían en contextos de alta vulnerabilidad económica y social. Las dos presentaban una trayectoria marcada por el abandono, la informalidad laboral y la exclusión social.

Estas decisiones judiciales reconocen no solo el derecho de las personas condenadas a acceder a penas alternativas cuando se cumplen los requisitos legales, sino también el enfoque diferencial y de género que debe orientar el sistema de justicia penal.

La pena sustitutiva por servicios de utilidad pública, además de evitar el hacinamiento carcelario, ofrece a las personas beneficiarias la posibilidad de reconstruir sus proyectos de vida a través del trabajo comunitario y el fortalecimiento de sus lazos sociales. Para estas mujeres, representa una segunda oportunidad, alejada de la reclusión y orientada hacia la reparación y la reintegración.

Gracias al trabajo de defensores y defensoras públicas, la entidad garantiza el acceso a la justicia para personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo medidas que no solo respetan los derechos fundamentales, sino que abren caminos hacia la inclusión y la dignidad.